En estos últimos días, la situación judicial del expresidente Martín Vizcarra ha tomado un giro preocupante. Con todas las cartas en su contra, no sería sorprendente que su destino termine sellado con una sentencia condenatoria. El reciente impedimento de salida del país y la solicitud de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía, en relación a presuntos actos de corrupción durante su mandato como gobernador regional de Moquegua, han complicado aún más su panorama legal. Además, se ha conocido que Vizcarra no podrá acogerse a la ley de prescripción, enfrentándose a otro juicio por el caso Chirimayuni.
El exjefe de Estado se encuentra ahora contra las cuerdas, y es imperativo que los órganos de justicia de nuestro país actúen con diligencia y prontitud. La investigación y esclarecimiento de las denuncias deben llegar hasta las últimas consecuencias, pero también es crucial que las decisiones judiciales se tomen con celeridad, evitando cualquier posibilidad de fuga por parte del acusado. En situaciones anteriores, hemos sido testigos de casos en los que los procesados y sentenciados, como el exjuez César Hinostroza y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lograron eludir la justicia al convertirse en prófugos.
Es necesario que los fiscales y jueces encargados del caso Vizcarra sean expeditos en sus acciones y resuelvan esta situación cuanto antes. La impunidad no puede ser tolerada, y la ciudadanía espera con ansias que la justicia prevalezca. En un país donde la lucha contra la corrupción es una prioridad, permitir que un exmandatario evada la justicia socavaría los esfuerzos por establecer un sistema judicial sólido y confiable.
