Para que el Perú no caiga al abismo político que nos convierta en republiqueta o país bananero, corresponde ser coherente y sobre todo tolerante con las reglas establecidas en el pacto social al que hemos llegado por consenso político. Podrían caer aquellos peruanos que por un lado, defienden a morir la vigencia de Constitución Política de 1993 -que el señor Vladimir Cerrón y sus camaradas quieren traerse abajo-, y por otro, contradictoriamente pregonan a los cuatro vientos la convocatoria de elecciones generales nunca convenidas, tirando al suelo las normas constitucionales que establecen de manera clara e indubitable las reglas de la sucesión del mandato presidencial (Art. 115) en caso se produzca una severísima crisis de gobernabilidad, que guste o no, no se ha dado en el Perú. Como académico alzo mi voz contra los proyectos de nuestra clase política tan irresponsable como los improvisados y los extremistas con los que se confunden en sus apetencias y aspiraciones por la tenencia del poder político. El cada vez menos subsanable desorden gubernamental no es razón para salir frescamente, como lo hacen, por ejemplo, los caviares, una inexterminable especie política-social que lo corea sin escrúpulos. Los peruanos democráticamente elegimos a unos constituyentes que redactaron la actual Carta Magna y también democráticamente asentimos su texto por referéndum, por lo que tenemos casi tres décadas con un instrumento jurídico-político que ha surgido de las entrañas del convencionalismo (acuerdo) de toda la sociedad nacional y no del capricho ni la imposición de una persona o de un grupo. Deduzco por el reciente encuentro del presidente Castillo con el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y el cardenal Barreto, de que pronto habrá convocatoria del referido foro político nacional y eso si es parte del pacto. Es verdad que le servirá de paraguas al gobierno, pero también que tendrá la tarea de recordar al país que el modus operandi de nuestra gobernabilidad se encuentra en la Constitución. No hacerlo ni decirlo convertirá a todos los que participen en cómplices contra la constitucionalidad que nos ha costado cimentar. Defender las reglas consagradas en la Carta Magna de 1993 es clave para no anarquizarnos y más aún para evitar un pésimo precedente político que vuelva incierto el futuro de nuestra democracia.