A un año del iluso intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, la debilidad de la democracia y el sistema político electoral del Perú es evidente. La política nacional prescinde de políticos que representen las posiciones que las agrupaciones debieran adoptar colectiva y democráticamente.

Hasta hace algunos años los militares incursionaban en la actividad política a través de los “golpes de Estado”.

Actualmente en el Perú no hay golpes militares, pero la política se desarrolla desde instituciones que forman parte del sistema de justica las que, por mandato constitucional y por diseño de las repúblicas liberales, no deben realizar política partidaria para garantizar el verdadero control y equilibrio de poderes.

Asistimos a lo insólito: los planes políticos se operan desde el Ministerio Público siendo la mismísima fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada como cabecilla de una organización criminal, junto a sus asesores.

Según la información recogida, esta organización criminal canjeó votos de congresistas a cambio de otorgarles impunidad mediante el archivo de investigaciones criminales en su contra, buscando la destitución de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Para evitar que continúe la degradación política e institucional, necesitamos construir agrupaciones políticas fuertes y democráticas que estén al servicio de las grandes mayorías, organizaciones capaces de construir un Perú sin discriminaciones y con igualdad de oportunidades para todos.