En los últimas semanas estamos siendo testigos de un intento de legalizar el servicio de transporte colectivo en Lima y Callao y es un trabajo tan bien coordinado que ya quisiéramos ver ese tipo de gestión en todos los niveles del Estado.
La Municipalidad Metropolitana de Lima ofreció empadronar a los que realizan esta actividad ilegal, pero luego retrucó. En el Congreso, la bancada de Perú Libre ha presentado una iniciativa para conseguir legalizar este servicio informal y desde el Ejecutivo se ha establecido una especie de veto al consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), cuya vigencia es de cinco años, pero desde el miércoles ya puede ser removida, entre otros causales, por “pérdida de la confianza de la autoridad proponente” pese a que su ley orgánica dice que es una entidad autónoma y técnica. Todo ha venido junto.
Este editorial no es una defensa a la titular de la ATU, María Jara, cuya gestión tiene clamorosos vacíos, sino una exigencia para que no se deje en manos de ciertos grupos de presión a los miles de ciudadanos que día a día padecemos el tráfico de Lima y que reclamamos un servicio de transporte de calidad y seguro.
Para que no tengamos que arriesgar nuestra vida cada vez que nos subimos a un colectivo y no sabemos si llegaremos a nuestros hogares. Lima, y todo el Perú, se requiere un transporte público seguro y de calidad.
