En el Perú, existen aproximadamente 2,298 obras publicas paralizadas a un costo actualizado de saldo de inversión de cerca de 14 mil millones de soles. Las regiones con mayor obra pública paralizada son Cusco, Puno y Lima. De este volumen 1,714 se concentran en gobierno locales, 361 en el gobierno nacional y 223 en los gobiernos regionales. La mayor parte de ellas (1,270) tienen administración directa, 949 por contrata y apenas 2 corresponden a asociaciones público privadas (APP). Los tres principales sectores con obras paralizadas son Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Educación. La mayoría de estas obras tienen más de dos años en letargo profundo y seguramente, muchas de ellas serán estructuralmente inservibles por el paso del tiempo y habrá que volverlas a hacer.
Como autoridad máxima del sistema nacional de control, la Contraloría General de la Republica supervisa, vigila y verifica el correcto uso de los recursos públicos y bienes del estado, bajo las facultades que le otorga la Ley orgánica del sistema nacional de control. Sin embargo, la obra pública peruana está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado y su concurso público, evaluación y supervisión está a cargo de la entidad que la convoca y la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). ¿Quién es responsable de destrabar las obras publicas paralizadas en el país? ¿Quién responde por todo este desperdicio de recursos públicos en contra del bienestar general de la población? ¿Cómo lograr que la voluntad política se eche a andar para evitar este desperdicio de recursos públicos y la conclusión de obras públicas se haga con responsabilidad y probidad?
Durante mi gestión como presidenta de Confiep (2019/2021), sostuve que “necesitábamos un Ministerio de Obras Públicas” y muchos críticos casi me queman viva, pero hoy esta tesis resulta evaluada, sostenida y defendida por muchos. Un nuevo portafolio que reciba competencias y presupuesto de otros en reducción, y que ayude a desembalsar los proyectos paralizados y alivie a todos los ministerios e inclusive gobiernos locales y regionales de este encargo y éstos se puedan enfocar al 100% en su gestión, no parecería al final tan descabellado y podría ser una solución.
