El personaje más apabullado por las normas de convivencia del Minedu y el SíSeVe es el docente. Lo que debió ser un desafío pedagógico — enseñar a convivir, dialogar, reparar el daño y educar en la resolución de conflictos — terminó convertido en judicialización, protocolos y trámites. El educador va siendo reemplazado por el tramitador.

Hoy el profesor suele partir con presunción de culpabilidad. Si un padre presenta una denuncia infundada, debe demostrar su inocencia, contratar abogados y soportar un enorme desgaste. Si la denuncia resulta falsa, rara vez existen consecuencias para quien la formuló. Incluso cuando un estudiante agrede a un docente, este dispone de escaso margen para actuar sin exponerse a nuevas denuncias.

Que no se confunda. Nada de lo dicho aquí pretende justificar, minimizar o relativizar el abuso, el maltrato o cualquier conducta indebida de un docente. Lo cuestionable es un sistema que termina tratando como sospechosos a todos los maestros.

El problema nace de la desconfianza hacia directores y docentes. Las normas restringen el criterio pedagógico y privilegian procedimientos burocráticos. Así, la pedagogía cede espacio al temor y la innovación retrocede.

Representar a los docentes no consiste solo en negociar remuneraciones. También implica defender su dignidad profesional, sus garantías jurídicas y el espacio de confianza indispensable para educar. ¿Dónde están el SUTEP y el Colegio de Profesores? ¿Quién exige respeto al debido proceso y la presunción de inocencia? Proteger estudiantes y docentes fortalece la escuela. La confianza educa; la sospecha burocratiza.