La entrega de credenciales a la presidenta electa cierra el proceso electoral, pero no resuelve el problema de la fragilidad de la legitimidad. La legalidad permite asumir el cargo; la legitimidad exige que la sociedad reconozca al nuevo gobierno como digno de confianza y capaz de gobernar para todos. El Perú llega al 28 de julio dividido, después de una elección estrecha, cuestionada y rodeada de deficiencias, controversias y denuncias de irregularidades que deterioraron la confianza pública. Por eso, la nueva presidenta no debe confundir victoria electoral con respaldo nacional. Su primera tarea será transformar una mayoría numérica mínima en una mayoría política y moral construida por hechos. El primer gesto debe ser un gabinete plural, capaz y honesto. No una repartición de cuotas ni un refugio para allegados, una señal de que el Estado pertenece a todos. La honestidad de los funcionarios debe convertirse en una línea infranqueable para combatir la corrupción y recuperar la autoridad moral del poder. El segundo compromiso es la seguridad. El artículo 44 de la Constitución establece como deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Hoy esa obligación no admite discursos: requiere conducción, coordinación y resultados visibles. El voto de confianza decisivo no será el que otorgue el Parlamento. Será el que conceda, día tras día, la población. Ese voto no se obtiene por ley ni por propaganda, se logta con transparencia, eficacia y respeto. El 28 de julio debe comenzar un gobierno sin triunfalismo, consciente de su débil punto de partida y dispuesto a convocar al país. Luchar contra la corrupción y proteger a la sociedad son los dos consensos que pueden reunir a los peruanos. Recuperar la legitimidad será, desde el primer día, la tarea fundamental.
