El Congreso de la República ha dado un paso alarmante al aprobar la prescripción de delitos de lesa humanidad. Con 15 votos a favor y 12 en contra, esta decisión, que ya había generado controversia tras su primera votación el 6 de junio, ha sido ratificada el 4 de julio en la Comisión Permanente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha expresado su rechazo, pero, al tratarse de una decisión soberana, la CIDH no puede intervenir.
Sin embargo, esta aprobación representa un grave retroceso normativo para Perú. Los delitos de lesa humanidad son, por definición, los crímenes más atroces y su imprescriptibilidad es fundamental para garantizar justicia a las víctimas y evitar la impunidad. La nueva norma, especifica que nadie será condenado, procesado o sancionado por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que contraviene los principios establecidos por el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Al prescribir el delito a partir de esa fecha, se corre el riesgo de dejar impunes numerosos crímenes cometidos antes de 2002. Esto no solo es una afrenta a las víctimas, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la tolerancia a la impunidad en el país.
Es necesario que se utilicen todos los mecanismos legales y constitucionales para revertir esta decisión. El Ejecutivo, que ahora tiene la tarea de promulgar u observar la ley, debe considerar el impacto negativo de esta normativa.
