San Marcos recientemente ajustó sus estándares de admisión, generando controversia. Originalmente, mil 320 postulantes no alcanzaron los 900 puntos requeridos. Sin embargo, tres días después, el Consejo Universitario redujo la valla para llenar las vacantes, transformando a los previamente considerados no aptos en aptos, un cambio que plantea interrogantes sobre la integridad del proceso de evaluación.
Tenemos dos posibilidades inquietantes. La primera es que los criterios de aprobación establecidos por los evaluadores podrían ser deficientes. La segunda posibilidad es aún más preocupante: la idea de que ingresantes no aptos podrían haber sido admitidos por motivos políticos o sociales, lo que constituiría una estafa hacia los aspirantes, sus familias y la comunidad en general.
Este problema subraya la arbitrariedad inherente a las evaluaciones de ingreso universitario. No solo se basan en preguntas subjetivas con puntajes que actúan como barreras de aprobación, sino que también reflejan un enfoque anticuado que no incorpora las múltiples opciones de evaluación respaldadas por la investigación científica sobre la competencia estudiantil y el éxito académico y profesional.
Es lamentable que una institución con la historia y reputación de San Marcos no haya explorado alternativas más justas y equitativas para la admisión, especialmente considerando la situación de aquellos que no pueden acceder a una educación preparatoria de alta calidad debido a limitaciones económicas. Es probable que muchos académicos de la universidad compartan esta preocupación y cuestionen el sistema utilizado.
