El uso de las pruebas SAT y ACT en la admisión universitaria en Estados Unidos ha sido un tema de debate continuo. Durante la pandemia, se suspendieron temporalmente debido a la dificultad de administrarlas a distancia, pero ahora se discute su reintegración.
Los argumentos a favor de su uso se centran en la excelencia académica, argumentando que los puntajes en estas pruebas son predictores sólidos del éxito académico, promoviendo una competencia equitativa entre estudiantes de diferentes orígenes y contribuyendo a la diversidad en las clases. Además, se considera que los puntajes de las pruebas son más confiables que las calificaciones escolares y que restaurarlas podría abordar problemas de opacidad en el proceso de admisión.
Sin embargo, los detractores argumentan que estas pruebas no evalúan habilidades no académicas importantes, presentan sesgos raciales y socioeconómicos, y pueden contribuir a desigualdades económicas y de recursos. También se argumenta que no reflejan completamente la preparación y el potencial de un estudiante en áreas no evaluadas por las pruebas, lo que puede socavar el mérito en el proceso de admisión.
En última instancia, la decisión de utilizar estas pruebas varía entre las universidades y se ve influenciada por factores políticos y sociales. Las políticas de admisión reflejan la ideología de una institución o sociedad, que en Estados Unidos tiende a centrarse en mediciones de pruebas estandarizadas y calificaciones académicas, a menudo sin considerar otros talentos o aptitudes de los estudiantes que también contribuyen a su éxito profesional.
