Si el jueves pasado en el Congreso no se divulgaban los tres audios que dejaron en jaque al Gobierno de Martín Vizcarra, lo informado ese mismo día por el contralor de la República, Nelson Shack sobre el 15% del gasto del Estado que va a corrupción hubiera tenido otro impacto.

Lamentablemente esta turbulencia política, que generó otra crisis en el país que llegó a un pedido de vacancia presidencial, desplazó una noticia de interés y pocos la resaltaron en sus coberturas, incluso importantes medios de comunicación prefirieron obviarla y esconderla a una población hastiada de tantos manejos irregulares en diferentes niveles de gobierno.

Hace seis años, en el 2014, la entonces premier Ana Jara, reveló que el país perdía al año 10 mil millones de soles por la corrupción y ahora Shack estima que en el 2019 el perjuicio económico alcanza los S/ 23 mil 297 millones, es decir, se duplicó en poco tiempo por el mal manejo de recursos públicos como inconducta funcional, reflejando que la lucha contra este terrible mal social no logra resultados concretos.

Estas cifras funestas ponen en primer lugar a Planeamiento y gestión, como Salud y Transportes, donde los negociados están a la orden del día y son preferidos por mafias enquistadas e integradas por contratistas como funcionarios públicos, como acusó el contralor, para apropiarse de dineros destinados a obras públicas. Además, la situación no es nada alentadora en gobiernos regionales, donde según ranking Arequipa se ubica en cuarto lugar con S/ 966 millones en pérdidas, seguida por Áncash, Cusco, Junín, Puno y otras. La cosa es seria.

A Contraloría se la necesita más activa, ayudando y empujando al lento sistema judicial para dar sanciones rápidas a tanto delincuente que roba recursos de los peruanos. Esperemos acción en la lucha contra la corrupción que avanza.