La Fiscalía debe ser la primera luz para luchar contra la corrupción y la criminalidad. Sin embargo, hoy es una trama oscura que se teje ante nuestros ojos. El reciente escándalo que involucra a altos funcionarios del Ministerio Público erosiona la confianza que deberíamos depositar en quienes están llamados a salvaguardar la justicia y demuestra que las acciones de algunos son impulsadas por intereses que poco o nada tienen que ver con la verdad, .la transparencia y la seguridad jurídica.
A estas alturas, es evidente que el Perú se ha convertido en una presa de rapiña para muchos. Ya sabemos que el Congreso está primero en la cola, pero la Fiscalía tambien hace fila por su porción.
Las acusaciones que pesan sobrela Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalándola como la líder de una organización delictiva que manipulaba nombramientos y favores a cambio de influencia en el Congreso, son graves y deben ser tratadas con la seriedad que merecen. La presunta connivencia entre altos funcionarios del Ministerio Público y el Congreso, orquestando designaciones y destituciones de manera irregular, plantea interrogantes sobre las componendas y negociados en nuestras instituciones y la prevalencia de intereses subalternos.
Sería ingenuo y hasta cómplice suponer que las pesquisas y denuncias del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder contra Benavides y sus asesores son falsas y que todos los acusados son unos angelitos. Pero la palabra la tiene la justicia.
Si la sensación de los ciudadanos es que lo único previsible en el Perú es la corrupción y la consolidación de organizaciones criminales, peligra también el sistema democrático. Este tipo de prácticas corroen la confianza ciudadana y debilitan la credibilidad de nuestras instituciones. Los congresistas y fiscales que persisten en burlar, violar y servirse del estado de Derecho y la democracia, deben ser castigados. Esperemos que se acabe la impunidad.
