Los silencios, pretextos y reparos del presidente Pedro Castillo frente a las investigaciones de la Fiscalía son un síntoma de su falta de voluntad para esclarecer las revelaciones y denuncias de colaboradores eficaces y personas que estuvieron cerca del núcleo de poder. Un jefe de Estado no puede evadirse de la responsabilidad de dar cara a la justicia ni emitir señales que abonen más al descrédito de su gestión.
El tema de la honestidad no es un elemento secundario en la edificación de un mejor país. Es evidente que si no hay decencia se cae la estructura económica y social del Perú y se agravará la crisis. Eso lo debe tener bien presente Castillo y someterse a la investigación que se ajusta al marco Constitucional. Es imperativo que afronte las pesquisas del Ministerio Público y no saque cuerpo. Las imputaciones que se han hecho son delicadas. Incluso algunos abogados han afirmado que jurídicamente es posible que proceda una prisión preventiva.
El presidente busca enemigo por todos lados y cree que las denuncias son parte de una confabulación política. No se da cuenta que el enemigo es la corrupción y no los órganos de justicia.
Mientras tanto, el Perú sigue devastado por tanto tanto desgobierno y parece que estamos llegando al límite. Se necesitan tomar medidas consistentes que permitan salir de esta debacle como país.
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