A las dolorosas crisis sanitaria y económica se agrega la política e institucional. La pandemia dejó en claro la fragilidad del sistema de salud que con su colapso masivo determinó una mortalidad mayor que en ningún otro país del mundo. A ello se agregó un manejo político que comprometió la economía y nos ha dejado millones de desempleados. Y viene ahora la crisis política y de las instituciones que refleja una fortísima falencia  de confianza. Inmenso desafío para los peruanos al enfrentar este momento previo al tercer siglo de nuestra República. Ni la política ni la democracia funcionan sin instituciones legitimadas que signifiquen estabilidad, que no dependan de nuestras voluntades ni de nuestros gustos. Podemos perfeccionarlas cuando conocemos y respetamos su fundamento y su función para que cumplan con su rol en la sociedad. Pero a las instituciones deben arreglarlas las sociedades sin que los políticos interfieran. Douglas North precisa que ellas facilitan la interacción y el intercambio entre individuos y el Estado en lo político, social o económico. Mientras leyes y normas son reglas formales que debemos cumplir las instituciones determinan el modo en que las sociedades evolucionan, son claves para entender el cambio histórico. Como concepto más amplio e integral engloban la interacción de la sociedad con el estado, el gobierno nacional o local, empresas y academia. Cuando están en crisis o son lesionadas esa cooperación deja de ser eficiente y equitativa. En el Perú esa articulación eficaz podría ser una víctima más de estos tiempos convulsos. Si comprender las instituciones puede ser complejo, más aún lo es preservarlas de los péndulos de la coyuntura y de los intereses económicos y políticos en juego. El Jurado Nacional de Elecciones debe ser una garantía para el sufragio en un país con tantas carencias e inequidades. Si su legitimidad colapsa es un problema más que grave. Con la ley en la mano es imperativo evitar que suceda.