La detención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidente de la República, Dina Boluarte, y del abogado Mateo Castañeda, por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, genera un ambiente político de incertidumbre y de crisis política a nivel nacional, que una vez más pone en duda la transparencia del Ejecutivo. Estas acusaciones ponen en tela de juicio la imparcialidad en la designación de cargos públicos y la creación de redes corruptas.
La detención del abogado Castañeda, quien también asesora a la presidente en el famoso caso de los relojes Rolex, sobre enriquecimiento ilícito, crea sospechas sobre conflictos de interés y la ética en la representación legal de los funcionarios públicos.
La reacción de la presidente Dina Boluarte, al no referirse directamente al caso y afirmar que no se distraerá en “asuntos menores”, podría interpretarse como una minimización de la gravedad de las acusaciones. Ella debe colaborar con la justicia y demostrar transparencia y propósito de lucha contra la corrupción, así como tiene la obligación de dar explicaciones a todos los peruanos.
Es evidente que la detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda podría escalar al punto que la presidente, podría ser vacada del cargo.
Se necesitan reformas estructurales para fortalecer la independencia judicial, promover la rendición de cuentas y garantizar que la política en Perú se base en principios de integridad y servicio público. La lucha contra la corrupción es un eje principal para el desarrollo de nuestro país y su democracia.
