El efusivo abrazo entre la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en una reciente ceremonia, ha desatado una gran controversia. Este gesto, que a primera vista podría interpretarse como una señal de respaldo a la gestión del ministro, adquiere connotaciones más preocupantes en el actual contexto político. En un momento en que un amplio sector de la población peruana exige la renuncia del ministro, el abrazo se percibe no solo como un acto de apoyo, sino como una expresión de complicidad mutua.
Este episodio cobra mayor relevancia tras la filtración de audios en los que Santiváñez, presuntamente, afirma que la presidenta le pidió cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).
El primer punto a destacar es la evidente desconexión de la presidenta y su ministro del Interior con la realidad que vive el país. La gestión de Santiváñez ha sido deficiente, con una creciente percepción de inseguridad que ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi 9 de cada 10 peruanos temen ser víctimas de algún delito en su ciudad.
En segundo lugar, el abrazo entre Boluarte y Santiváñez trasciende lo simbólico y se convierte en una señal de un posible pacto entre ambos, en un momento en que surgen voces de que la presidenta busca desactivar un organismo que ha resultado incómodo para su entorno cercano.
