Durante muchos años, la izquierda atribuyó la responsabilidad del asesinato del sindicalista Pedro Huilca al Estado peruano. Sin embargo, la reciente resolución del Poder Judicial arroja nuevas luces sobre este doloroso suceso, al determinar que no existen elementos suficientes para imputar esta muerte al exasesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y al Grupo Colina. Esta decisión de los órganos de justicia del país es un duro golpe a los políticos y personajes de izquierda que subordinaban el caso a sus intereses políticos para seguir gravitando en la escena nacional.
Las señales más claras apuntan a Sendero Luminoso como autor del crimen que apagó la vida del exsecretario general de la CGTP. Esta evolución en el debate en torno al caso de Pedro Huilca subraya la necesidad de una revisión cuidadosa y objetiva de los hechos en asuntos tan delicados como los derechos humanos y la justicia. Aunque el veredicto del Poder Judicial no es definitivo, plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad en este asesinato y desafía las narrativas previas.
Este fallo, 31 años después de investigaciones, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia debe ser constante, imparcial y basada en evidencia sólida y no en argumentos ideológicos.
En medio de este proceso judicial, el Estado pagó 250 mil dólares a la familia Huilca como resultado de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora que se sabe que el Estado no tuvo responsabilidad en el asesinato. Sería bueno revaluar este hecho.
