La controversia surgida entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en torno a las motivaciones detrás del secuestro confirmado de Iván Siucho Neira, un testigo protegido de la Fiscalía en el Caso Waykis en la Sombra, que comprende al hermano de la presidenta Dina Boluarte y a su exabogado, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, respectivamente, no debe distraernos del incremento de la inseguridad ciudadana.

La facilidad en la que alguien que se supone cuenta con todas las protecciones puede ser sustraído de su vivienda sin mayores complicaciones es preocupante y que haya dos policías entre los detenidos por este secuestro también es un llamado de atención respecto a que tan corrompidas están las instituciones que, se supone, deben cuidar a los ciudadanos.

Los dimes y diretes entre la fiscal coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto Rivera; y el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria; respecto al rapto tampoco suman a que la población se sienta resguardada por las instituciones que deberían protegerla porque demuestra la pugna en la que ambas entidades están inmersas hace mucho tiempo.

El secuestro de personas era un delito que casi había desaparecido en los últimos años y que esté ocurriendo nuevamente solo demuestra lo fuertes e intocables que se sienten los delincuentes.