El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha lanzado una advertencia clara y necesaria: los partidos políticos deben presentar candidatos presidenciales sin impedimentos legales. A partir del 24 de diciembre, el JNE iniciará la revisión de las listas, y si se detectan postulantes con observaciones, no solo serán apartados del proceso, sino que incluso podría anularse toda la plancha presidencial. Se trata de una medida firme que busca poner orden en una democracia donde, lamentablemente, los límites legales se han vuelto meras sugerencias para muchos aspirantes al poder.
Es inaceptable que los partidos sigan desafiando el Estado de derecho al inscribir candidatos con cuentas pendientes con la justicia o inhabilitaciones vigentes. Nombres como Vladimir Cerrón y Martín Vizcarra simbolizan ese descaro con el que algunos políticos pretenden torcer la ley o victimizarse para justificar sus ambiciones personales. La política peruana no puede seguir siendo refugio de sentenciados, prófugos o inhabilitados que pretenden regresar por la puerta grande a costa de la institucionalidad del país.
La responsabilidad, sin embargo, no recae solo en los candidatos. Los partidos son cómplices cuando avalan estas postulaciones, sabiendo perfectamente que contravienen las normas electorales. Cada vez que presentan una lista contaminada por impedimentos, no solo degradan el proceso democrático, sino que envían un mensaje de impunidad y cinismo a los ciudadanos.
