El asedio a la prensa en el Perú aumenta al ritmo en que los medios de comunicación siguen revelando las tropelías cometidas desde diversos niveles del poder.
El ataque no solo viene desde el Congreso que, con la anuencia del Ejecutivo, cada vez que puede sanciona leyes que limitan el derecho de informar y ser informado, sino también desde colectivos extremistas que atacan los locales donde se ubican las redacciones y hasta municipalidades que responden con denuncias a los medios que han revelado vulnerabilidades de sus servicios informáticos, un claro ejemplo de “matar al mensajero”.
El último intento de coaccionar a la prensa viene con la aprobación, en primera votación, de la ley que aumenta las penas por difamación.
La norma, que fue aprobada sin debate, representa una amenaza y debe ser rechazada en la segunda votación pues deja en indefección a quienes informamos y porque sería una seria limitación a los derechos humanos y a la misma democracia.
Es obvio que esta ley obedece a intereses subalternos de quienes quieren abusar de su poder sin ser cuestionados, pero lo que olvidan es que su posición es efímera y un día podrían ser víctimas de la norma que ellos mismos han impulsado.
