En un contexto en el que la corrupción ha dejado de ser un tema excepcional para convertirse en un problema endémico, resulta sintomático que el procurador anticorrupción Carlos Fernández Muñoz haya solicitado que el expresidente Martín Vizcarra pague 4′671,971 soles como reparación civil por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Fernández Muñoz además señala que Vizcarra “ofertó su función pública”, reflejando un desprecio por la responsabilidad que implica un cargo de poder. Al mismo tiempo, el expresidente Ollanta Humala enfrenta la fase final de un juicio que podría llevarlo a cumplir 20 años de prisión por presunto lavado de activos.
Ambos exmandatarios insisten en su inocencia y buscan politizar sus procesos judiciales, una estrategia que tristemente no resulta novedosa en la política peruana. Sin embargo, la defensa de su reputación no puede basarse solo en lo que creen ser, sino en cómo los percibe la ciudadanía, y en ese sentido, su credibilidad está profundamente erosionada.
Una clase política seria y madura debería tomar este fracaso como una oportunidad de reflexión y aprendizaje, no como una razón para eludir la autocrítica. La realidad, sin embargo, es desalentadora: la historia reciente muestra que casi todos los expresidentes del Perú en los últimos 30 años han enfrentado problemas con la justicia, un hecho que no puede ser visto como aislado, sino como un reflejo de una profunda crisis de valores en la clase dirigente.
