En plena emergencia nacional vemos a malas autoridades tratando de utilizar la religión con fines políticos. Así, un gobierno regional ha establecido mediante ordenanza dos días para el ayuno y la oración para hacer frente a la pandemia, mientras que el primer proyecto de ley de un congresista - con el apoyo de su bancada - busca la instauración un día nacional de la oración. Este panorama no es exclusivo de nuestro país. En Brasil, Bolivia y en Colombia - por mencionar ejemplos cercanos - vemos que los gobernantes también se están prestando al uso político de la fe en momentos de crisis.

Todos ellos parecen haber olvidado el principio constitucional que establece la separación de Estado e iglesia. Es decir, la laicidad del Estado. ¿Qué implica que un Estado sea laico? Que éste debe mantenerse neutral frente a todas las religiones, que no debe promoverse o imponerse credo alguno, que todo ciudadano tiene los mismos derechos (independientemente de si tiene o no una determinada religión), y que los funcionarios públicos deben de ejercer su función en base al interés público y los derechos humanos, y no a una creencia personal.

Desde hace un tiempo determinados sectores evangélicos vienen promoviendo el uso de puestos públicos para impulsar una agenda basada en sus creencias religiosas, las cuales muchas veces chocan con políticas públicas que buscan el bien común. El Partido Morado y su bancada en el Congreso han publicado esta semana un pronunciamiento claro rechazando este uso político que pretende darse a la religión. ¿Se pronunciarán más grupos políticos en esa línea, o un errado cálculo electoral los hará mirar hacia otro lado?