“Cuando salí de prisión fui claro, dije ‘señores dejamos la época de las rebeliones y entramos a la vía electoral’, a jugar con las reglas del estado de Derecho, con la filosofía de transformarlo desde adentro en la medida que no pudimos demolerlo desde fuera”, afirmó recientemente Antauro Humala. ¿Son estas palabras fruto de la irritabilidad, la indignación y la emoción pasajera? Tal vez, pero es evidente que no se trata solo de enojo. Antauro lo dice en serio y con un plan claro: tomar el poder y demoler desde dentro el estado de derecho y el sistema democrático para escarmentar a quienes no comparten su visión.
El Congreso, lamentablemente, no asumió su gran responsabilidad de poner candado a las candidaturas de sentenciados por homicidio, secuestro, terrorismo, rebelión y narcotráfico. Como garante del estado de derecho y la democracia, debió sentar una posición coherente y clara. Sin embargo, no lo hizo.
El fujimorismo, una vez más, demostró su falta de grandeza y generosidad al no renunciar a sus expectativas propias e intereses partidarios. Al presentar una propuesta que salvaba a Alberto Fujimori, provocaron la protesta de muchas bancadas, principalmente de izquierda, y todo se entrampó. La sesión del Pleno se transformó en un debate cargado de agresividad, con excesos y desmanes, que entorpeció aún más la situación y generó nuevos problemas.
La bancada de Fuerza Popular, al mantener a su líder máximo en la carrera electoral –quien, según Ipsos Perú, tiene más intención de voto para presidente que Keiko Fujimori– también dejó el camino libre para Antauro Humala. Esta es la constatación de que al fujimorismo no le importa que sigamos en crisis. Prefieren preservar sus intereses antes que velar por la estabilidad y el bienestar del país.
Es imperativo que el Congreso reaccione y asuma su responsabilidad. Debe establecer leyes claras y firmes que impidan que personas con antecedentes criminales tan graves puedan postular a cargos de elección popular. Ojalá no sea demasiado tarde.
