La situación de violencia en algunas zonas de Lima es alarmante y pone de manifiesto una falta de políticas efectivas por parte del Gobierno para abordar la criminalidad. En un contexto en el que mototaxistas y comerciantes peruanos han declarado la guerra a las mafias de extorsionadores venezolanos, es evidente que un sector de la población ha decidido tomar la “justicia” en sus propias manos. Esta reacción subraya la peligrosa percepción ciudadana de que el Estado “no hace nada” al respecto. Lo preocupante no solo es la terrible coyuntura social sino también la ausencia de alternativas de nuestras autoridades.
Esperemos que este espiral de violencia no se replique en otras ciudades si no el país sería una tierra de nadie. Lo peligroso es que la incapacidad de los tres niveles de gobierno y el sistema de justicia para abordar eficazmente este problema ha llevado a que una parte de la población amenace con actuar “a lo salvaje” contra los delincuentes venezolanos, algo que puede desencadenar una violencia indiscriminada en la que se vean perjudicados extranjeros que no tienen nada que ver en este asunto.
Las autoridades nacionales y locales saben muy bien lo que afecta a los ciudadanos, pero carecen de la más mínima idea de lo que se debe hacer para resolver los problemas. Y lo peor es que algunos subestiman estos actos de violencia. Por ejemplo, el general PNP Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima, decía ayer que ya se tomó el control de los distritos donde se han producido estos enfrentamientos y que todo esto se debe a “celos laborales”. Si no se toma conciencia de la gravedad del asunto será difícil derrotar a la delincuencia.
