La reforma magisterial no es tarea de un gobierno específico. Es, a diferencia de diversas medidas del sector Educación, una política de Estado. Tuvo su génesis en la Consulta Nacional (2000-2001). Entre el 2001 y 2006 se formaron dos comisiones para formular, de manera participativa y con criterio técnico, la propuesta de ley. La primera la presidió el recordado maestro José Rivero y la segunda el especialista en educación Hugo Díaz. La propuesta de nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial tuvo opinión favorable, entre otros, del Consejo Nacional de Educación y del Acuerdo Nacional. Además, recibió la aprobación del Consejo de Ministros al final del gobierno el 2006.
Fue la gestión del Ministerio de Educación del gobierno del 2006-2011 la que impulsó -con algunos ajustes- su aprobación por el Congreso el 2007. Luego, con convicción y tenacidad, a pesar de la oposición activa de la dirigencia del Sutep y de varias autoridades regionales, comenzó el difícil camino de su implementación. El 2012 y el 2017 se hicieron modificaciones a la Ley, pero se mantuvieron sus fundamentos y conceptos principales.
Hoy, para su fortalecimiento en beneficio de la profesión docente, así como de la calidad y equidad de la escuela pública, se requieren medidas urgentes en su desarrollo tales como: revisar la confiabilidad y validez técnica de la evaluación del nombramiento, que debería seguir siendo anual hasta el 2026 (no es aceptable que entre 2015 y 2019 de más de 200 mil postulantes solo haya ingresado alrededor del 4.5%); ampliar el número de plazas en los concursos de ascenso para las escalas 5, 6, 7 y 8; y desarrollar más concursos para directores de colegio.
Igualmente, implementar un programa moderno y permanente de capacitación docente, así como aumentar los haberes, según méritos, mejorando el salario de la primera escala. Y, algo que tiene que ver con la valoración del magisterio, convocar a educadores profesionales a la gestión del Minedu.
