210 conflictos sociales son una amenaza latente para el país

La última protesta en Pichanaki contra la empresa Pluspetrol es solo uno de los 210 conflictos sociales que hay en el Perú, según el registro la Defensoría del Pueblo hasta fines de enero.

El caso de este distrito de Junín es un conflicto activo, pues está vigente al igual que otros 159 en los que las partes protestan o dialogan. Los restantes 51 son denominados latentes porque su intensidad descendió, pero aún no están resueltos.

Así lo explica Porfirio Barrenechea, comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

FALLAS. ¿Es inevitable que los pedidos de una población dejen como resultado personas heridas y fallecidas? En opinión del ex primer ministro Óscar Valdés, el trabajo de inteligencia, que implica observación y análisis de la situación, evitaría pérdidas humanas que lamentar.

“La inteligencia es básica y elemental, pero no solamente para utilizarla en el momento en que el conflicto está en su máxima expresión, es para neutralizarlo antes”, afirma.

Sobre el desempeño del servicio de inteligencia en el manejo de estos enfrentamientos, el congresista Yehude Simon hace una preocupante revelación. “Muchas veces los informes de los servicios de inteligencia son alarmistas y no dicen objetivamente la realidad, por eso a veces no se hace caso a estas hojas del servicio de inteligencia”, sostiene el legislador, quien fue primer ministro cuando se desató el llamado “Baguazo”, que dejó como saldo 23 policías y 10 civiles muertos.

“En la época que fui primer ministro no teníamos la información que debíamos tener. Si bien es cierto que sabíamos lo que estaba pasando, no había ayuda de inteligencia para saber qué cosa se podía hacer. El servicio de inteligencia o no trabaja bien o boicotea el trabajo de un gobierno”, asegura.

Para Valdés, el Gobierno no ha aprendido de las experiencias previas en el tratamiento de los reclamos de la población. “El diálogo con el pueblo no se ha mantenido. Tampoco se ha aprendido cómo la Policía debe desenvolverse. El Ministerio del Interior no ha sabido ejecutar un plan adecuado para evitar muertes”, asegura.

PREVENCIÓN. El momento en que el Gobierno debe intervenir para evitar que el conflicto llegue a mayores es cuando se presenta un reclamo ante una institución, recomienda Barrenechea.

Por su parte, Simon sugiere que el personal que labora en las oficinas encargadas de resolver los conflictos sea más estable y no removido “cada cinco minutos”. También destaca la labor de observación de la Defensoría del Pueblo, la cual podría trabajar en conjunto con la Presidencia del Consejo de Ministros. Por último, recomienda que el servicio de inteligencia sea capaz de analizar los enfrentamientos que se aproximan para saber cuánta infiltración hay en los grupos que promueven las protestas.

Luego de que se suspendió el paro en Pichanaki, la primera dama Nadine Heredia exhortó al Congreso que cree una ley contra los azuzadores de las protestas. Valdés descarta la propuesta, pues existen leyes para frenar el accionar de los instigadores.

“Hay leyes contra los que hacen subversión, apología al terrorismo o promueven la violencia. Los políticos pensamos que hay que seguir dando más leyes. Lo que hay que hacer es que se cumplan las leyes”, concluyó.