Alrededor del 50% de las mujeres embarazadas producto de una violación sexual, decide abortar. Sin embargo, se encuentran con un marco jurídico que penaliza esta conducta, y que muchas veces las obliga a llevar adelante un embarazo que afecta su salud mental.
Por otro lado, las que deciden consumar el aborto, acuden a centros médicos clandestinos y colocan en riesgo su integridad física, pues se exponen a un aborto inseguro. Así explica Cristín Durán, representante de la ONG Flora Tristán.
"Creemos que las mujeres víctimas de violación, deben tener la autonomía de pensar y decidir si quieren seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo. Por eso estamos promoviendo la despenalización del aborto en este caso particular", indica Durán. Para lograr este objetivo, la ONG necesita recolectar como mínimo 250 mil firmas.