Alcaldesa de Lima admite infracción administrativa en caso Relima

Lejos de aclarar el irregular convenio de servicio de limpieza que prestó Relima en el Mercado de Santa Anita, que ha generado una deuda de S/.3.7 millones en la Municipalidad de Lima, la alcaldesa Susana Villarán dejó más dudas en torno a la legislación y normatividad de las leyes de contratación que pone en práctica su gestión y que redundan en serias sospechas de actos de corrupción.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villarán no explicó cómo fue que Relima, sin contrato, sin pasar por concurso público y cobrando una tarifa mayor, prestó servicios a su gestión, y trató de sacudirse de cualquier responsabilidad argumentando que "no hay ningún perjuicio económico" en la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) y la comuna limeña, por cuanto "no se ha pagado ni un sol del dinero municipal".

Ello al advertir que la administración edilicia que conduce "va a pagar un justo precio en un contencioso" que interpondrán a Relima. "Hay un nuevo proceso de selección para un periodo de tres años, limpio, abierto y transparente", sostuvo.

SOBREVALORACIÓN. Aunque el gerente general de EMMSA, Rafael Gómez, reconoció la exagerada sobrevaloración del servicio de limpieza al apuntar que Relima fijó su tarifa en S/.360 por tonelada, cuando el Cuerpo de Tasaciones estableció, para el nuevo contrato suscrito, que el precio referencial de mercado estaba fijado en S/.157 por la misma medida, Villarán insistió en que "¡no hay corrupción!".

Al ser consultado por Correo, Gómez señaló que al momento "no hay información sobre cómo se llegó a ese monto", que hoy Relima pide que se le pague.

Sin embargo, la burgomaestre señaló que, según los resultados de la investigación interna, solo se encontró "una infracción funcional administrativa de funcionarios, los mismos que están sometidos a un proceso disciplinario".

LO ANULARON. Otro de los temas producto de la convocatoria de la alcaldesa de Lima fue el caso de la contratación de la empresa Virgen de la Puerta para la remodelación de pabellones del Mercado Mayorista de Santa Anita. Villarán precisó que se decidió anular el convenio al encontrarse documentación falsificada por el referido consorcio.