Apuntes sobre la Ley Mordaza

Esta semana sabremos si el Presidente de la República observará el proyecto de "Ley Mordaza" aprobado con el entusiasmo de casi todos los legisladores de un joven Congreso con varios de sus miembros involucrados en casos de corrupción.

Oportunamente, el gremio periodístico protestó -aunque con disonancias- por tan clara amenaza a la libertad de expresión, pero lo que me parece más grave es que si bien afecta el derecho de los periodistas (unos cuantos, al fin y al cabo), también el de 30 millones de peruanos a informarse de aquello que, siendo un asunto de interés público, podría acabar en la mayor oscuridad por una prohibición judicial, para felicidad de sus taimados protagonistas. Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos/contribuyentes a saber cómo sus servidores manejan aquello que les confiaron, y no su vida privada, como se quiere hacer creer.

El proyecto hace que en adelante los ciudadanos sólo tengan derecho a informarse de hechos que "tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública", obviando que el interés público supone un ámbito mucho más amplio del cual el Código Penal es sólo una parte, y convierte a los jueces en censores.
Los promotores de la infeliz iniciativa parecen no entender que el supuesto conflicto entre derechos lleva mucho tiempo resuelto en las democracias modernas: ante el conflicto entre la privacidad de unos cuantos y el derecho de la información de muchos más, primará este último siempre que esté de por medio el "interés público". Que esto se confunda con "interés del público" para cometer una serie de excesos que sirven de munición para quienes hoy piensan que la mejor manera de corregirlos es poner una pistola en la sien del mensajero, es otra cosa.

Los políticos saben (los que quieran revisarlas) que tenemos leyes que sancionan incluso exageradamente la difamación, violación de la privacidad y otras. Leyes a las que pudo perfectamente recurrir quien se sintiera afectado por la difusión de sus conversaciones y evitar proponer otras como instrumento de retaliación por derrotas electorales.
Saben también -aunque no les guste- que en una sociedad libre y democrática la protección de su llamado "ámbito privado" es y debe ser menor que la del resto de la gente, no en nombre del morbo de una caterva de chismosos llamados periodistas, sino de ese concepto no siempre apreciado entre nuestros jueces orientados por visiones más bien legalistas que seguramente los llevará a preferir la privacidad o por la tentación de sancionar ejemplarizadoramente a periodistas.

Con la "Ley Mordaza" pierde principalmente la sociedad y se benefician los corruptos que quieren que no se sepa cómo administran los recursos, ni cómo se gestan las coimas, ni si en verdad piensan lo que dicen en TV. Peligrosa en el fondo, y mal hecha en la forma: ¿habrá "Juzgados de la Prensa"? ¿En cuánto tiempo resolverán las apelaciones si consideramos el derecho a la doble instancia?¿Bastará alegar que un video contiene pecados y no delitos para encarpetarlo? ¿Cómo queda el fiscal, que es, según la Constitución, y no el juez, el encargado de calificar delitos? ¿Olvidaron que en delitos de corrupción opera el Nuevo Código Procesal y allí el juez sólo aparece en la etapa final? Y para entonces, ¿los implicados se habrán enterado y puesto a salvo?