Casi 1800 comunidades nativas en riesgo por el COVID-19

Alrededor de 1800 comunidades nativas de la amazonía nacional estarían en situación de riesgo debido al incremento de contagios y fallecimiento por COVID-19, indicó Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yahuas del Bajo Amazonas (Fecotyba), en la región Loreto.

“Lamentablemente, algunas personas están falleciendo en sus hogares por no contar con asistencia médica, centros de atención, balones de oxígeno, pruebas de descarte de COVID-19, entre otros. La mayoría de las víctimas se contagiaron cuando salieron hacia Santa Rosa de Yaraví para cobrar los bonos otorgados por el Estado”, dijo el dirigente de las comunidades nativas.

Agregó que en la comunidad de Bellavista de Callarú se han registrado siete fallecimientos y estiman que hay al menos unos 60 contagiados. Además, recordó el reparto de víveres realizado por la municipalidad de Trompeteros en las comunidades de la cuenca del río Corrientes, cuyo personal fue sin guantes ni mascarillas y, posteriormente, cinco trabajadores fueron diagnosticados con COVID-19.

La demanda planteada por las organizaciones nativas por una estrategia diferenciada hacia los pueblos indígenas tuvo como respuesta el Decreto Legislativo 1489 que plantea medidas extraordinarias y urgentes para este grupo de peruanos, en el marco de la emergencia del COVID-19.

Sin embargo, la organización civil Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) cuestionó que el referido decreto no refleja realmente el sentido de la urgencia y necesidad de las comunidades.

Aidesep exigió celeridad y conciencia de emergencia para la atención, advirtiendo un sesgo burocrático de la norma que no refleja la realidad de los contagios y muertes entre indígenas.

Para una real efectividad proponen acciones como la salida del personal de salud hacia las comunidades para diagnosticar y entregar medicinas ante casos sospechosos, la inclusión de la variable étnica para la designación de beneficios como bonos o víveres, y concretar la participación indígena en los comandos COVID-19. Asimismo, piden una norma para que las fuerzas del orden cumplan con impedir que se quiebre el autoaislamiento indígena, entre otras acciones.

“La norma no dice nada nuevo. Lo único novedoso, pero insuficiente, es un fondo de 5 millones de soles para financiar las acciones de ese decreto legislativo”, comentó el abogado Marco Huaco, de Aidesep.

Asimismo, señala que la llamada “estrategia" de este decreto no existe. Es una simple enumeración de competencias y de acciones que ya están previstas de forma ordinaria, así como de mandatos muy genéricos.

De otro lado, la Aidesep también remarcó que la actual situación que enfrentan los indígenas se agrava con el Decreto Supremo 080 para la reactivación de actividades como la minería, el petróleo y la tala en la selva, por lo que temen que estas actividades se conviertan en un nuevo vector de contagio en sus territorios.