Solicitan bono comunal para pueblos originarios

Actualizado el 08/07/2020, 08:39 p.m.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) presentó una demanda de amparo contra cinco ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por no haber garantizado un enfoque étnico cultural en las políticas adoptadas por el Ejecutivo en el marco de la pandemia del COVID-19.

La acción legal está dirigida contra los ministerios de Cultura, Salud (Minsa), Educación (Minedu), Economía y Finanzas (MEF), Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Como parte de su demanda de amparo, ONAMIAP solicita al sector de Desarrollo e Inclusión Social “un bono comunal para fortalecer la economía indígena mediante la cual se garantice la seguridad y soberanía alimentaria”.

En tanto, la organización indígena pide al MEF que se establezca una partida presupuestal dentro de erario nacional “para restituir la institucionalidad indígena”; así como la designación de un presupuesto “para la sobrevivencia y autonomía económica de los pueblos indígenas”.

Con respecto al Ministerio de Cultura, demandada en su calidad de ente rector en materia de pueblos originarios, se señala que la entidad "no representa la institucionalidad indígena", aspecto que "se ha hecho más evidente en el contexto de la pandemia, donde era fundamental una respuesta inmediata y efectiva".

Por otro lado, el recurso legal pide a la PCM establecer un mecanismo eficaz que garantice la participación de los representantes de los pueblos indígenas, a fin de que impulsar políticas públicas.

La organización indígena también solicita al Minsa “urgente adopción e implementación de medidas diferenciadas en materia de salud” para los pueblos originarios; mientras que, al Minedu, se exige la adopción de mecanismos adecuados que garanticen la educación “de los niños indígenas y asegure el inicio y la realización del año escolar”.

La acción de amparo fue presentada el mayo pasado. Sin embargo, recién fue recepcionada el 27 de junio y remitida al Décimo Juzgado Constitucional de la Corte superior de Justicia de Lima.