Denuncian a 16 asociaciones por invasiones

Berly Gonzales Arias, jefe de la Oficina de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Arequipa, señaló que los directos denunciados son los dirigentes, porque promovieron posesiones ilegales y no quisieron retirarse, aduciendo que tienen certificados emitidos por jueces de Paz.

Explicó además, que el proceso de denuncia está a cargo de la Procuraduría Regional, tanto en el aspecto penal como en el civil ante la fiscalía y el Poder Judicial.

CELERIDAD. "Nosotros solo pedimos celeridad a las denuncias que hemos remitido a ambas instituciones, porque no queremos que después de 12 años nos digan que hay desalojo como el caso del Señor del Gran Poder, donde ya hay construcciones", comentó.

GRAN PODER. Respecto al caso de la Asociación de Vivienda Señor del Gran Poder (Fredicon), que usurpa terrenos del Parque Industrial de Río Seco, Gonzales ratificó, una vez más, la posición del presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, quien, recientemente, dijo que no los desalojará porque no se siente capaz de asumir el costo social.

"El problema comenzó en el 2001, y luego de 12 años dicen que hay que desalojarlos. Por eso ahora se trata de buscar una solución, y esta es la venta directa en cumplimiento al Decreto Supremo N° 007 - 2008- Vivienda, ello previa tasación del costo del terreno a cargo de un perito del Ministerio de Vivienda", dijo.

CONSEJO. Señaló que, actualmente, los usurpadores son empadronados y una vez que culmine el procedimiento, los documentos serán presentados para la tasación respectiva y a fines de febrero o primeros días de marzo se pondrá en debate ante el Consejo Regional de Arequipa, la aprobación de la venta directa o si se procede al desalojo.

El funcionario calificó de positiva la medida del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Francisco Carreón, quien dispuso que los jueces de paz, que ejercen función notarial están prohibidos de emitir certificados de posesión a invasores.

"Esto nos ayudará a evitar más invasiones, porque antes tan solo bastaba que las personas estén 24 horas para acceder a un certificado de ocupación, que impedía el desalojo, por lo que solo quedaba iniciar un proceso penal", comentó.