Faltan refugios para mujeres víctimas de violencia
Faltan refugios para mujeres víctimas de violencia

A pesar de los avances, la violencia contra la mujer no es un tema prioritario para las instituciones del gobierno peruano encargadas de erradicarla. Esta situación se ve reflejada en el bajo presupuesto destinado para prevenir y tratar dicho problema, la deficiente atención de las víctimas en las comisarías y en el reducido número de casas refugio que existen para proteger y propiciar la recuperación integral de las afectadas.

Estas fueron las principales conclusiones de la Defensoría del Pueblo, que presentó ayer un balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, luego de supervisar a los ministerios y a las instituciones públicas responsables del cumplimiento de este plan.

"Una vez más, se pone en evidencia que los avances continúan centrándose en la emisión de normas jurídicas. No obstante, persisten vacíos y limitaciones para la aplicación de tales normas", destaca el informe defensorial.

En ese sentido, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, destacó que, a excepción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el resto de ministerios (Educación, Interior Justicia y Relaciones Exteriores, entre otros) destina menos del 3% de su presupuesto para combatir la violencia contra la mujer, con lo cual incumplen la normatividad vigente.

Vega resaltó que pese a que el 75.4% de mujeres víctimas de violencia acuden a las comisarías en busca de ayuda, no hay una adecuada atención y tratamiento de sus denuncias. Por ello, recomendó que se incluya un curso regular en la formación policial que aborde la problemática de la violencia contra las féminas.

Además, deploró que solo existan 47 casas refugio en todo el Perú para las víctimas de la violencia y que solo nueve de estas hayan sido implementadas por las municipalidades, pese a que el plan establece que las comunas son las encargadas de dar este servicio.

"Al año 2011 se debían implementar casas refugio en el 50 por ciento de las regiones. Sin embargo, esto no se ha cumplido. En Apurímac no hay ninguna casa refugio, a pesar de tener el más alto índice de violencia en el Perú", manifestó.

MUJERES DESCONFÍAN. La defensora adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, aclaró que si bien el Ministerio de la Mujer es el ente rector en la lucha para frenar la violencia contra la mujer, no es el único organismo responsable de implementar las acciones previstas en el plan.

"No solo deben preocuparnos la responsabilidad que tenemos en el incumplimiento de las normas, sino el impacto directo que esta situación genera en la vida de cada mujer, pues produce desconfianza en el Estado y lo único que le queda es la desesperanza", dijo.

En ese sentido, Garcés destacó que las cifras sobre las mujeres víctimas no expresan la real manifestación de violencia. "Existe una cifra oculta que no tiene cómo conocerse", dijo.

Precisamente, el informe defensorial destaca que no se cuenta con una base de datos única y nacional sobre la violencia de género que contenga la información de los sectores y entidades vinculados a esta problemática.

Para la Defensoría, esta base debe contar con información del Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicias y otras entidades que atienden a las mujeres víctimas de violencia.

Para contar con un diagnóstico claro y plantear políticas públicas que permitan mejorar la lucha contra este grave problema, la Defensoría solicitó al Congreso de la República que establezca la creación de una base de datos única sobre violencia de género.

Gobierno responde. La viceministra de la Mujer, Marcela Huaita Alegre, aseguró que revisarán las recomendaciones de la Defensoría para reperfilar el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015.

La funcionaria reconoció que se necesita articular esfuerzos entre los diversos sectores del gobierno, sobre todo en los referente a la asignación del presupuesto para prevenir y combatir este problema.

"Vamos a establecer un diálogo con el Ministerio de economía y Finanzas, que facilite el camino a estos sectores con respecto al presupuesto", adelantó.

Además, la viceministra destacó el compromiso de su cartera para trabajar de manera más cercana con los gobiernos regionales y locales, con el fin de implementar más casas refugio.

Sin embargo, Alegre aclaró que esta lucha no solo le compete a las instituciones del Estado sino también a las entidades privadas y a la sociedad civil.

PIDEN MÁS ACCIONES. La directora del Movimiento Manuela Ramos, María Elena Reyes, pidió un mayor compromiso del gobierno para cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, para garantizar y proteger los derechos de las féminas.

Reyes deploró el aumento de los casos de feminicidio en el Perú y recalcó que en el 15% de los 97 casos registrados el año pasado, las víctimas habían denunciado previamente maltratos físicos y psicológicos.

"Se necesitan políticas públicas que protejan a las mujeres y que les brinden atención integral cuando estas sean víctimas de violencias. Se tienen que tomar medidas urgentes", dijo.

Por su parte, la congresista Rosa Mavila destacó la existencia de una visión que institucionaliza el maltrato a la mujer en nuestro país y que tiene que ver con un tema cultural.

Ante ello, la parlamentaria criticó la incomprensión del Estado sobre la necesidad de establecer políticas para luchar efectivamente contra la violencia.

"Los casos de feminicidio se están volviendo problemas cotidianos y parte de la rutina. Se han vuelto una constante en los medios de comunicación. Es un grave error del gobierno no darse cuenta de que el maltrato a las mujeres es el punto de partida para que ocurran estos asesinatos", declaró.

Al gobierno le quedan dos años para mejorar la implementación del Plan Nacional contra al Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y que todo lo avanzado a nivel normativo no quede solamente en el papel, con el fin de reducir la incidencia de la violencia contra las féminas e implementar políticas de prevención.