Fiscalía investiga a Joel Rosales

Cuatro investigaciones por varios y graves delitos aperturó la Fiscalía de Vista Alegre contra el exalcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, quien además es sindicado de promover invasiones en esa ciudad, como una forma de levantar una cortina de humo y distraer a la colectividad.

La primera investigación con Carpeta Fiscal Nº 209-2014 es por las obras realizadas en el Estadio Municipal. Durante su gestión se elaboró el perfil con código SNIP Nº 101442 donde se consideraba techo en las tribunas por una suma de S/. 152,062.44.

Sin embargo, al contratista que ganó la buena pro bajo la modalidad de concurso oferta (es decir que este debía elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra), ya durante la ejecución, habría cambiado el expediente técnico y retirado el techo de las tribunas, ello con la complicidad del exalcalde Joel Rosales y sus funcionarios para apropiarse de los S/.152,062.44.

La obra fue paralizada dejando a los clubes deportivos y jóvenes sin un lugar más donde puedan practicar deporte. La denuncia fue interpuesta por el actual alcalde Pedro Iván Torres Obando, por los delitos de colusión y abuso de autoridad.

Igualmente, con la Carpeta Fiscal Nº 504-2014, el exalcalde Joel Rosales Pacheco fue denunciado por el delito de colusión, porque los procesos de selección o contratación de las obras millonarias del distrito no cumplirían con los requisitos.

La actual administración detectó que faltarían en algunos casos propuestas técnicas o económicas de los postores y las actas de buena pro no estarían suscritas por los representantes del comité, entre otros faltas que ya son investigadas por la fiscalía vistalegrina.

También se investiga la convocatoria a Procesos de Selección de Licitación Pública bajo la modalidad de concurso oferta para la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras para mejoramiento integral de tres instituciones educativas de Marcona.

Se supo que, contraviniendo el artículo 41º inciso 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se hicieron obras solo en su primera etapa, lo que ya no sería concurso oferta cuya modalidad consiste en que el que gana la buena pro elabore el expediente técnico del total de la obra y ejecute igualmente la totalidad de la misma.

Dichas obras que ya contaban con presupuesto, se ejecutaron por etapas, por lo cual se debió convocar a un proceso de selección ordinario y no de concurso oferta. La Carpeta Fiscal de este caso es la Nº 210-2014.

Los colegios son la I.E. Secundaria San Juan Primera Etapa (Licitación Pública N° 002-2012-MDM-CE por S/. 5'965,795.71), la I.E. Primaria Elena Francia Ramos – Primera Etapa (Licitación Pública N° 003-2012-MDM-CE por S/.5'672,176.68) y la I.E. Primaria 23544 – Coronel Francisco Bolognesi – Primera Etapa (Licitación Pública N° 004-2012-MDM-CE por S/. 6'237,929.50).

Asimismo, el exalcalde Joel Rosales ha sido denunciado por similares delitos por haberse coludido con los contratistas que ejecutaron las obras "Creación del Boulevard Andrés A. Cáceres", "Mejoramiento del Complejo Deportivo en el AA.HH. Justo Pastor" y "Mejoramientos Integrales de las I.E. Primaria 23544 Francisco Bolognesi, Secundaria San Juan y la I.E. Elena Francia Ramos".

Las contratistas entregaron cartas fianza por S/.8'515,631.60 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías LTDA. para la firma de contrato y por adelantos, cuando eso no está permitido.

Como se sabe, de conformidad con el artículo 39º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. Ley Nº 1017, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, FENACREP, por oficio Nº 1029-2013-GS, indica que las Cartas fianza que emitan las Cooperativas de Ahorro y Crédito no son admisibles en los procesos de licitación o contratación pública.

Por este caso la fiscalía de Vista Alegre apertura la investigación penal con la Carpeta Fiscal Nº 037-2014. Los delitos que se le imputan son colusión y asociación ilícita para delinquir. Las sanciones por estos delitos contra la administración pública van de 3 a 15 años de pena privativa de la libertad.