La Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra cinco empresas avícolas y tres personas naturales por la presunta concertación de precios en el mercado de venta de pollo vivo por kilogramo.

La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, que detectó indicios de acuerdos entre empresas para fijar y mantener niveles de precios en distintas provincias del norte del país.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre febrero de 2020 y marzo de 2021.

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Presuntos acuerdos se habrían realizado por WhatsApp

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las coordinaciones del presunto acuerdo habrían sido realizadas mediante conversaciones por WhatsApp, las cuales coincidirían con los registros de ventas reportados por las empresas durante el periodo analizado.

Asimismo, el cumplimiento del supuesto acuerdo habría sido supervisado mediante:

• Llamadas telefónicas
• Mensajes por WhatsApp
• Seguimiento directo por vendedores

La Dirección Nacional de Investigación indicó que la producción conjunta de las empresas investigadas representó más del 80 % de la producción total de pollo vivo en las regiones involucradas durante los años 2020 y 2021.

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Regiones donde se habría registrado la concertación

El presunto acuerdo habría afectado el mercado del pollo vivo en los siguientes departamentos:

• Lambayeque
• La Libertad
• Piura
• Áncash
• Cajamarca

En estas regiones se investiga si las empresas coordinaron el incremento y mantenimiento del precio por kilogramo de pollo vivo.

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Empresas investigadas en el procedimiento

Las compañías incluidas en el procedimiento administrativo sancionador son:

• Avícola Yugoslavia S.A.C.
• Molino La Perla S.A.C.
• Técnica Avícola S.A.
• El Rocío S.A.
• Chimú Agropecuaria S.A.

Según el organismo, el inicio del procedimiento se basa en la existencia de indicios razonables, por lo que no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad final de las empresas investigadas.

Empresas tienen 30 días para presentar descargos

De acuerdo con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, las empresas y personas naturales involucradas cuentan con 30 días hábiles para presentar sus descargos ante la autoridad.

Asimismo, Indecopi informó que cualquier persona con interés legítimo puede aportar información adicional que contribuya con la investigación a través de la mesa de partes institucional.