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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco abrió investigación preliminar por 60 días contra varios funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana y representantes de la FOCMAC (Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito).
El proceso investigatorio se inició luego que el regidor provincial de Pisco, Raúl Felipe Doroteo Carbajo denunciara las oscuras maniobras de la SBS, Caja Sullana y la FOCMAC para presuntamente apoderarse de las acciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco.
Los primeros en desfilar por el Ministerio Público serán el alcalde provincial y accionista mayoritario de la Caja Pisco, Jesús Felipe Echegaray Nieto a las 9:00 de la mañana del miércoles 16 de abril. Una hora y media después, lo hará el presidente del Directorio de la Caja Pisco, Jaime Barandiarán Martini.
Para el 21 de abril, fueron citados el denunciante Raúl Felipe Doroteo Carbajo, el Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas, Rubén Mendiolaza Morote, la supervisora financiera de la SBS, Myriam Carmen Córdova Luna; el titular del departamento legal de la SBS, Martín Augusto Fernando Luján Gutiérrez; y el jefe del régimen de Vigilancia de la Caja Pisco, Eduardo Cieza Raygada.
El 22 de abril, desfilarán por la Fiscalía de Pisco, los funcionarios de la Caja Sullana, Samy Calle Rentería y Joel Siancas Ramírez; así como el representante de la FOCMAC, Víctor Chávez Pickman.
Los ahora investigados, deberán responder por los delitos de Abuso de Autoridad, Concusión, Colusión Agravada y Negociación Incompatible.
El génesis de la investigación fue la resolución Nº 1307-2014 de la SBS, que convirtió a la FOCMAC como la accionista mayoritaria con el 66.94% de acciones de la Caja Pisco; en tanto, Municipalidad de Pisco, que era hasta hace poco la única accionista, se quedó con el 33.06%.
El denunciante regidor pisqueño ha revelado que el representante de la FOCMAC, Víctor Chávez Pickman se reunía de forma reiterada con los funcionarios de la SBS para lograr la concesión ilegal de las acciones.
La SBS estaba interesado en favorecer a la FOCMAC y la Caja Sullana, "habiendo concertado de manera antelada la forma de cómo iban a entregar parte del accionariado común de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco a favor de la FOCMAC; y parte de los derechos preferentes de la Caja Pisco a favor de la Caja Sullana".
Según el registro de asistencia del portal de la SBS, existieron reuniones entre el representante de la FOCMAC, funcionarios de la SBS y funcionarios de la Caja Sullana; antes de emitir la resolución Nº 1307.
El representante de la FOCMAC en forma indebida amedrentaba y quería que la Junta General de Accionistas de la Caja Pisco le firmara una írrita acta en donde la Caja Pisco le entregaba a la FOCMAC tres millones 150 mil acciones comunes a favor de la FOCMAC, para a la vez al parecer transferir dichas acciones a la Caja Municipal Sullana.
Los funcionarios de la SBS Demetrio Castro Zárate y Eduardo Cieza Raygada, entre otros se reunieron con el representante de la FOCMAC y la Caja Sullana en el hotel San Jorge (Pisco), tal y conforme consta del registro diario del citado hospedaje.
El 14 de marzo último, según el registro de asistencia en la sede de la SBS hubo una reunión conjunta entre Samy Calle Rentería y Joel Siancas por el lado de la Caja de Sullana; Víctor Chávez Pickman por la FOCMAC y el Superintendente Adjunto de Banca y Micro Finanzas, Rubén Mendiolaza Morote, el Superintendente Adjunto de Asustos Económicos, Javier Martín Poggi Campodónico, y el funcionario Martín Augusto Durán Luján.
También existieron reuniones similares, por ejemplo el 31 de enero y el 3 de febrero último.
La mayoría de los señalados líneas arriba, estuvieron en las dos reuniones. Doroteo Carbajo no duda de que los funcionarios de la SBS tenían un interés propio y particular de entregar indebidamente las acciones comunes de la Caja Municipal de Pisco en favor de la FOCMAC y la Caja Municipal de Sullana; situación que ahora se investiga a nivel del Ministerio Público.
No se descarta que según la complejidad del caso, el fiscal que lleva las investigaciones pida una ampliación final al plazo.
