El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, solicitó a los regidores que reconsideren la suspensión en el cargo que le impusieron por tener una sentencia condenatoria y los citó para que revisen su solicitud en sesión extraordinaria el próximo 20 de noviembre.
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El caso
El burgomaestre fue sancionado por el pleno luego de que el Poder Judicial le ratificara su condena de un año de prisión suspendida por difamar a la oficial de la Policía, Nataly Rojas.
La suspensión se dio el 14 de setiembre a través del Acuerdo de Concejo N° 079-2023-MPT y, según notificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el secretario general del municipio, Jaime Cuzma, el alcalde presentó su recurso de reconsideración a la suspensión el 5 de octubre.
El funcionario, asimismo, informó que el 20 de noviembres se fijó la fecha para la sesión en donde los regidores debatirán si modifican o no su decisión.
Opina
Tomás Alva Villa, especialista en derecho electoral, detalló que este recurso de reconsideración solicitado por el alcalde Arturo Fernández buscaría dilatar el proceso de suspensión, ya que los 15 regidores, de manera unánime, votaron a favor de la sanción.
“Es un tema para dilatar la suspensión, porque ahora se ha corrido el plazo para una audiencia de reconsideración, que sería el 20 de noviembre, y también tendría que correrse el plazo de la apelación, cuando salga la resolución que, de repente, podría declarar infundada su reconsideración. Busca, en cierta medida, dilatar el proceso de suspensión”, afirmó en declaraciones a RPP Trujillo.
El también exjefe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Trujillo reveló que lo único que podría salvar al alcalde sería que presente algún documento en donde se indique que se anuló su sentencia, lo que no existe, pues esa condena ya fue consentida.
“La reconsideración es un mecanismo para poder cambiar la opinión de los regidores que votaron por la suspensión, pero es un mecanismo tan técnico que el alcalde tendría que aportar una nueva prueba que rebata totalmente la sentencia condenatoria de segunda instancia. Es decir, tendría que entregar una sentencia de un tribunal superior en donde se diga que la sentencia que lo ha condenado ya no es válida, lo cual no existe”, manifestó Tomás Alva.
