Larcomar: Defensoría del Pueblo vigilará investigación para determinar responsables de muertes

La Defensoría del Pueblo informó que vigilará el desarrollo de las investigaciones sobre el incendio en Larcomar, con el propósito de determinar a los responsables de las muertes.

La Defensoría recibió hoy a los deudos de las víctimas del incendio, quienes preocupados por el desarrollo de las investigaciones, solicitaron la intervención de este ente a fin de vigilar las pesquisas y que este hecho no quede impune.

Según la Defensoría en el Perú existen más de 17 mil establecimientos entre centros comerciales, cines, supermercados, tiendas por departamento, agencias bancarias, financieras y cajas de ahorro, de salud y otros, que reciben diariamente a miles de personas, constituyéndose en espacios que demandan permanentes acciones de supervisión y fiscalización por parte del Estado.

"Lo sucedido en el cine UVK Larcomar, a 15 años de ocurridos los siniestros de Mesa Redonda (300 fallecidos) y Utopía (29 fallecidos), revela que nuestro país no ha avanzado en materia de supervisión y fiscalización de los establecimientos comerciales", señaló.

A través de un comunicado, la Defensoría refirió que la tragedia de UVK Larcomar se convierte en un hecho de similares características: un establecimiento de masiva concurrencia que no contaría con un sistema de seguridad contra incendios, donde la supervisión de las normas de seguridad por parte de las autoridades sería deficitaria. 

DELITOS. "Ello revela que alcaldes, funcionarios públicos y empresarios no estarían cumpliendo con su deber: respetar las normas en materia de seguridad. Esta omisión implica responsabilidades penales, que van desde el delito de exposición de personas al peligro, hasta lesiones u homicidio culposo, o el delito de peligro por medio de incendio", subraya.

SANCIONES. Indica que las responsabilidades penales no eximen de la responsabilidad administrativa por el incumplimiento del deber de supervisar y garantizar el respeto a las normas de defensa civil, que trae como consecuencia para los funcionarios públicos sanciones como la suspensión sin goce de haber o la destitución, así como la imposición de multas y hasta la clausura definitiva de los establecimientos de comercio.

"Todo ello demanda la participación del Ministerio Público y el Poder Judicial. A la Fiscalía de Prevención del Delito le corresponde iniciar acciones para la prevención del delito de acuerdo a la magnitud o repercusión, o desarrollar las investigaciones preliminares a través de la Fiscalía Provincial Penal. Al Poder Judicial le corresponde desarrollar las funciones jurisdiccionales y resolver en un plazo razonable las denuncias", se lee en el documento.

Además, la Defensoría demandó al Ministerio Público informar sobre las acciones que viene ejecutando para la prevención de delitos de esta naturaleza.