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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destruyó 413 máquinas tragamonedas, 13 mesas de juego y 22 bultos conteniendo partes y piezas como tarjetas, hoppers, naipes y fichas, que eran usados manera ilegal en diversas regiones del país.
El ministro del sector Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, destacó que esta acción se logró gracias al trabajo conjunto de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
“La destrucción de máquinas tragamonedas y de accesorios usados ilegalmente ponen en evidencia el objetivo del Mincetur de erradicar la ilegalidad en dicha actividad”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar con estos operativos para amparar la integridad de los menores de edad, principales destinarios de estos equipos, y clausurar las salas de máquinas y casinos que operan ilegalmente.
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Las intervenciones se realizaron en salas de juego, bodegas, bares y otros de Cajamarca, Callao, Huánuco, Lima (San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, Surquillo y Ventanilla), Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Surquillo, Ventanilla, Ucayali y otras localidades.
REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD
Es importante mencionar que el funcionamiento ilegal de las máquinas tragamonedas cayó considerablemente, como resultado de los constantes operativos que realiza el sector.
Esto en cumplimiento de la Ley N° 29149, que reprime la tenencia, explotación, fabricación, ensamblaje, importación y comercialización de estos equipos a menores de edad, así como de la Ley 27153, que sanciona la operación ilegal de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
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El decomiso de máquinas y clausura del local están determinados en el artículo 11° de la Ley N° 28945, que faculta a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur el cierre de todas aquellas salas que no cuentan con autorización, procediendo a la incautación de los equipos para su posterior destrucción
De acuerdo con el código penal, quienes participan en esta actividad ilegal serán objeto de pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, entre otras sanciones administrativas.
