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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco ya formalizó denuncia penal contra el alcalde reeleccionista de Huáncano, Julio Rojas Ñáñez, por los delitos de abuso de autoridad, atentado contra la libertad de trabajo, resistencia a la autoridad y demora de actos funcionales.
El génesis de la acusación fiscal es el despido arbitrario de Santa Trifina Quispe Nombreras, quien laboraba desde febrero de 2004 en la Oficina de Promoción Social y Desarrollo Comunal de la Municipalidad Distrital de Huáncano.
El actual alcalde, en el 2009, a través de la resolución Nº 051-2009 , declaró nulo el vínculo laboral entre la denunciante y la municipalidad.
La mujer denunció despido arbitrario. En todas las instancias, el Poder Judicial le dio la razón a Quispe Nombreras.
La Municipalidad Distrital de Huáncano incluso acudió a la Corte Suprema de Justicia de la República, que ordenó a Rojas Ñáñez la reincorporación de la extrabajadora.
La jefa de Personal del citado municipio, Maritza del Pino Arteaga, dictó el Memorándum de reposición Nº 05 en marzo de este año.
La reposición indicaba que Quispe Nombreras tenía que trabajar en el puesto de salud de Ticacancha, un alejado poblado que no tenían nada que ver con su anterior trabajo en el área de Promoción Social del municipio distrital.
Se haría responsable de los anexos Ticacancha, Alala y Chilca, y su nueva jefa sería Eva Velásquez, quien verificaría su asistencia.
Un capricho que le podría costar muy caro al alcalde Rojas Ñáñez.
