Niña, víctima de negligencia, fue tratada por ictericia y acabó con parálisis

Desde que S.S. nació, su padre, Marco Sánchez, emprendió una ardua lucha para lograr que la menor de sus hijas tenga una mejor calidad de vida, debido a las secuelas que le dejó una serie de negligencias médicas. Sarita, quien ahora tiene seis años de edad, nació con ictericia neonatal leve, pero al no ser evaluada y atendida oportunamente, en tres establecimientos de salud de la ciudad de Huancayo, sufre ahora las secuelas del Kernicterus, un daño cerebral que se produce a consecuencia del no tratamiento oportuno de la ictericia. 

“Cuando la llevamos a casa nos dimos cuenta que mi hija estaba amarilla”, señala el progenitor.

EL MAL. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, causadas por la hiperbilirrubinemia, que es el incremento de la bilirrubina sérica por encima de los valores normales.

Cuando la ictericia es grave y no se atiende a tiempo, puede causar un daño cerebral y una afección llamada Kernicterus, que provoca la parálisis cerebral y la pérdida auditiva.

También genera problemas en la vista, los dientes y, algunas veces, puede llevar a la discapacidad intelectual.

NEGLIGENCIAS. Marco Sánchez asegura que cuando su hija nació, el 21 de marzo de 2010, el Centro de Salud de Chilca no realizó a la madre ni a su bebé las pruebas sanguíneas para detectar los niveles de bilirrubina en la sangre. Lejos de informarle sobre el diagnóstico y riesgos que implicaba, los médicos del centro de salud la dieron de alta.

Dos días después, S.S. es trasladada al Centro de Salud de Huancán, donde le diagnostican ictericia fisiológica y se ordena un tratamiento de fototerapia, que no se llegó a realizar y que está indicado, justamente, para bajar los niveles de bilirrubina. Al igual que en el Centro de Salud de Chilca, no se explicó de manera adecuada el diagnóstico de la menor y los riesgos que implicaba.

“La llevas a tu casa, la pones al sol nada más. No pasa nada”, dijo la médico que atendió a la familia Sánchez.

Al día siguiente, los padres optan por llevarla al Hospital El Carmen, hoy conocido como Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, donde le detectan hiperbilirrubinea indirecta multifactorial, por lo que la menor es sometida a una fototerapia.

Las pruebas indicaron que la nena tenía 39,49 mg/di de bilirrubina, cuando el valor normal en un recién nacido es de 15-16 mg, entre los dos o tres días de vida.

Tras este resultado, los médicos informaron a los padres la posibilidad de realizar a la menor el tratamiento de la exaguinotransfusión, pero por razones inexplicables ningún médico lo realizó pese a que la orden era de emergencia. Al haber transcurrido once días desde el nacimiento de la menor, el médico de turno indica que la evolución de la menor es favorable y que se debe seguir con la fototerapia. El daño ya estaba hecho.

Con el transcurrir del tiempo, S.S. ya presentaba las secuelas del mal tratamiento. Le diagnosticaron parálisis cerebral discinética, que se presenta a través de movimientos involuntarios, sordera e incapacidad para caminar.

En su afán de buscar un mejor tratamiento para su hija, el angustiado padre recurrió a varias clínicas y hospitales de Lima. En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, los médicos explicaron a Marco Sánchez el curso natural de cómo fue dañada su hija.

“Si hija hubiera sido tratada como corresponde, tendría una vida normal, me dicen. En este camino de búsqueda de justicia he hablado con mucha gente con casos idénticos a los de mi hija, pero que han sido tratados a tiempo y hoy día no tienen ningún problema”, sentenció.

ARBITRAJE. El pasado mes de diciembre, Marco Sánchez y el Gobierno Regional de Junín decidieron ir a un arbitraje a fin de solucionar la controversia. El árbitro estuvo presidido por un representante de SuSalud, Milagros Maraví Sumar, quien concluyó que sí existió una inadecuada atención de salud para la menor por parte de los tres establecimientos. Resolvió que el Gobierno Regional de Junín pague S/2´293,900 y el reembolso de los costos del proceso arbitral a los padres.

“Por lo antes expuesto, en este arbitraje hemos llegado a la convicción de que sí existe relación causal entre la deficiente atención a la menor en los tres establecimientos de salud y su diagnóstico de parálisis cerebral”, indica el documento.

El laudo fue emitido el 9 de diciembre del 2016, pero hasta la fecha el Gobierno Regional no ha mostrado interés en cumplir la sentencia. Los padres de la menor temen que en los próximos días representantes regionales pidan anular la medida a fin de deslindar responsabilidades.

Mientras, S.S. urge pronto de ayuda especializada y tratamientos para una mejor calidad de vida.

SUSALUD

“El laudo tiene carácter de sentencia”

El director del Centro de Conciliación de SuSalud, Darwin Hidalgo, señaló que la decisión que emite el árbitro tiene carácter de sentencia, por lo que debe ejecutarse una vez emitido. Explicó que si una de las partes no está dispuesto a ejecutar la orden, el siguiente paso es ir a un juez, quien tiene la potestad del ejercicio de la fuerza pública para ordenar el inmediato cumplimiento de la medida.