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Contra viento y marea, pese al furibundo rechazo de los rectores y un sector de la oposición política, la nueva Ley Universitaria peruana entró en vigencia desde ayer.
Promulgada el martes por el presidente Ollanta Humala, la norma ha sido publicada en la víspera en el diario oficial El Peruano, que la formaliza como ley de la República, y pone fin a los órganos máximos del viejo sistema universitario: la Asamblea de Rectores y la Conafu (Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades).
La norma obliga a una serie de cambios radicales.
Cesa la Asamblea Universitaria de las universidades públicas y suspende todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades.
NUEVAS AUTORIDADES. En diez días calendario, a partir del 9 de julio, cada universidad pública designará un comité electoral integrado por tres docentes principales, dos asociados y un profesor auxiliar, así como tres estudiantes de alto rendimiento académico de las facultades más antiguas.
Dicho comité, con el asesoramiento de la ONPE, conducirá un proceso electoral en un plazo de 25 días para nombrar una Asamblea Estatutaria que debe elaborar el nuevo estatuto universitario.
El nuevo estatuto debe estar culminado en un plazo calendario de 55 días, aproximadamente en la segunda quincena de setiembre.
Entre tanto, la Asamblea Estatutaria asume temporalmente las funciones de la Asamblea Universitaria.
El proceso de adecuación de las universidades privadas será regulado por el órgano máximo de cada entidad en un plazo máximo de 90 días calendario.
SUPERINTENDENCIA. El Ministerio de Educación (Minedu), cuya rectoría del sistema universitario ha sido reforzada, tiene la responsabilidad de implementar en una plazo calendario de 90 días la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
El Minedu conformará con ese objetivo la Comisión Organizadora de la SUNEDU, la cual podrá ser integrada por personalidades destacadas de primer nivel. En esa línea, tiene autorización para contratar personal, bienes y servicios hasta su completa implementación.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, confirmó el plazo de 90 días.
PROVISIONALES. El primer frente de batalla del SUNEDU serán las 53 universidades que funcionan con licencias provisionales, algunas en esa condición desde 1997, como la Universidad Privada de Ica.
