FOTOS: HUGO CUROTTO / GEC
FOTOS: HUGO CUROTTO / GEC

El mes pasado, el Gobierno había proyectado que la semana que nos deja sería la primera sin el estado de emergencia decretado para frenar el COVID-19. La cuarentena, sin embargo, se mantuvo, una atinada decisión si se toma en cuenta que desde el último lunes el número de infectados en el país escaló de 28 699 a los 42 534 reportados ayer, mientras que la cifra de muertos por la epidemia aumentó de 782 a 1 200 en el mismo lapso.

Precisamente, el tema de la rigurosidad de los datos oficiales está en entredicho, luego de que el portal IDL-Reporteros revelara que el número de muertos por coronavirus que maneja el Ejecutivo en la capital es tres veces menor que los cuerpos incinerados en los crematorios de Lima, a donde trasladan para tal fin los cadáveres de personas cuyo contagio estuvo confirmado o bajo sospecha.

Correo, asimismo, advirtió que en abril pasado se registraron 1 625 fallecidos más que el mismo mes del 2019, y también más que en años anteriores. Este diario también informó en su edición de ayer que las cifras de la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa) registran menos decesos por COVID-19 que las que se manejan en Áncash, Loreto, Arequipa y Tumbes.

MOTINES. Como si esto fuera poco, el Gobierno enfrentó una ola de críticas por la situación de la pandemia en las cárceles, donde a principios de semana había 631 infectados, según el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar.

Internos de diferentes reclusorios afirmaron estar expuestos al coronavirus y protagonizaron motines, uno de los cuales, en el penal Miguel Castro Castro, dejó nueve muertos.

Es en esta coyuntura que el Poder Judicial (PJ) anunció el cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán -quien temía contagiarse del COVID-19- y revocó la reclusión provisional de Keiko Fujimori. Ambas aún se mantienen tras las rejas, pues primero deben pagar una caución.

AL CABALLAZO. En paralelo, un día después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara que todos los trabajadores podrán retirar 3 mil soles de las AFP, el Congreso promulgó -el jueves- la ley para disponer de hasta el 25% de dicho fondo. El Ejecutivo no emitió ninguna observación en el plazo legal de 15 días hábiles.