Perú aún tiene 127 denuncias hechas por terroristas

Tras conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena pagar cerca de 250 mil soles de indemnización a la sindicada terrorista Mónica Feria, es oportuno recordar el número de denuncias interpuestas por terroristas que aún esperan ser resueltas en el sistema interamericano.

Según recientes estimaciones del Ministerio de Justicia, el Perú tenía hasta el 2012 un total de 360 denuncias ante el Sistema Interamericano (entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte IDH). De dicho total, 127 corresponden a denuncias hechas por sentenciados por terrorismo.

Entre las más importantes se encuentra la denuncia interpuesta por la cúpula terrorista de Sendero Luminoso integrada por Abimael Guzmán Reynoso, Elena Yparraguirre Revoredo, María Pantoja Sánchez, Laura Zambrano Padilla, Margot Liendo Gil, Osmán Morote Barrionuevo, Margie Clavo Peralta, Victoria Trujillo Agurto, Víctor Zavala Cataño y Rosa Salas La Cruz.

Incluso, los seguidores de Guzmán presentaron con mucho aspaviento al abogado norteamericano Carl Peter Erlinder, quien asumirá su defensa ante el Sistema Interamericano.

Pero hay más. Está el caso de Magda Mateo Bruno, detenida el 7 de mayo de 1991 y condenada a diez años de cárcel por el delito de terrorismo.

También encontramos las denuncias de Moisés Limaco Huayascachi, condenado a 20 años de prisión; de Néstor Luyo Pérez, a 35 años; y de Mario Chira Alvarado, a 25 años. Todos demandaron al Perú alegando la aplicación de leyes penitenciarias que supuestamente no correspondían.

Otro expediente es el de Marco Abarca Rupay, detenido en febrero de 1993, procesado y condenado a más de 20 años de prisión. En este caso son sus familiares los que reclaman un resarcimiento, pues Abarca murió en prisión aquejado de leucemia.

Otro grupo de demandantes está conformado por José Arce Apaza, condenado a 19 años, y Luis Quispe Vega, a 10 años, quienes alegaron haber sido coercionados para firmar documentos en los que admitían ser terroristas. Sin embargo, el Poder Judicial tras confrontar diferentes pruebas los halló culpables.

Asimismo, la petición de Wilbert Apaza Vargas, condenado a 20 años de prisión por la justicia peruana, también fue admitida por la CIDH a la espera de un pronunciamiento.

ANTE CORTE. Pero, al igual que lo ocurrido con la demanda de Feria Tinta, los casos deben ser antes que nada evaluados y luego de un proceso de debate y una etapa de presentación de pruebas, la CIDH los remite a la Corte IDH con un informe en el que establece qué derechos se violaron y a cuánto asciende el resarcimiento que deberá otorgar el Estado respectivamente.

Así las cosas, ante el tribunal supranacional aún quedan casos emblemáticos por resolverse. Por ejemplo, está el expediente "No. 12.444, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros", más conocido como "Operación Chavín de Huántar".

Aquí, la CIDH demandó ante la Corte IDH al Estado Peruano por no haber hallado a los responsables de la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas Eduardo Cruz Sánchez "Tito", Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza durante la operación militar Chavín de Huántar para rescatar a 72 rehenes secuestrados por el MRTA en la embajada de Japón en Lima, en 1997. Pero, además, la CIDH cuestionó que el caso haya sido procesado en el fuero militar y se haya absuelto a los comandos Chavín de Huántar. Mientras tanto, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, fueron derivados al fuero civil.

El Estado enfrenta, además, una exigencia de la emerretista Gladys Espinoza Gonzales. En este caso, el Estado peruano fue hallado responsable por la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad, a la protección de la honra y de la dignidad, a la obligación de prevenir y sancionar la tortura, las garantías judiciales y el derecho a la integridad de sus familiares.

Espinoza fue acusada de secuestrar empresarios para financiar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ella fue condenada a 25 años de prisión en el 2004, luego que el Poder Judicial anulara una primera sentencia a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, emitida en 1993.

REPARACIONES. Pero, ¿qué le espera a nuestro país frente a estas demandas? Pues, como ha ocurrido con anteriores expedientes, la indemnización que debe pagar el Perú por cada derrota legal ante la sede interamericana es ingente. Por solo mencionar algunos casos, el Estado peruano tendrá que desembolsar cerca de 20 millones de dólares para resarcir a 322 personas que salieron beneficiadas de la demanda conocida como "Penal Miguel Castro Castro vs. Perú". Hasta hace poco, el Gobierno informó que ya se había pagado cerca de 7 millones de dólares en soluciones amistosas.

No hay que olvidar a la terrorista norteamericana Lori Berenson, a quien se le pagó 30 mil dólares por presunta violación a sus derechos.

El Estado ha abonado también una indemnización a la procesada por terrorismo María Loayza Tamayo. Es más, se le concedió libertad y se reincorporó a las aulas como docente. Lo mismo sucedió con la sindicada senderista Madeleine Valle Rivera, a quien se le pagó 20 mil dólares.