El abrirle las rejas a los criminales en cuestión de horas provocó mucho malestar en la población y esa sensación de impunidad podría tomar otro rumbo si es que el Congreso aprueba el proyecto ley presentado por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que busca una reforma constitucional para otorgar a la Policía Nacional del Perú la facultad de detener preventivamente hasta por 15 días a personas implicadas en delitos graves como robo, extorsión, sicariato, secuestro y trata de personas.
La iniciativa legislativa argumenta que esta ampliación del plazo de detención contribuiría a prevenir la impunidad y reducir la actividad delictiva al evitar la liberación de presuntos autores debido a la expiración del plazo de detención.
En la actualidad, la Constitución solo permite la detención por dicho plazo a aquellos sospechosos involucrados en delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas e ilícitos cometidos por organizaciones criminales.
El propósito fundamental de esta reforma constitucional es proporcionar a la Policía Nacional y/o Ministerio Público las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva estos delitos graves, evitando así la impunidad de sus autores y cómplices, y contribuyendo a mantener el Estado constitucional de derecho.
Además, se destaca la preocupación por la seguridad ciudadana en Lima, que ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo debido a su alta tasa de criminalidad, según el Global Index. Este panorama subraya la urgencia de desarrollar estrategias más eficientes para reducir los índices de delincuencia que afectan a la ciudad.
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