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El fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, Jesús Sanz Gallegos, dejó en ridículo a su colega el fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, César Armando Pecho Peche, al plantear la nulidad del pedido de sobreseimiento que había propuesto este último sobre el sonado caso de los Sánchez Paredes por el control de la minera San Simón.
En efecto, Pecho Peche en julio del año pasado propuso al juez del Primer Juzgado de Investigación de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, el archivamiento de la investigación, ya que "no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado".
Fernández Tapia dictó la resolución Nº 07 en octubre de 2013 y declaró fundado en todos sus extremos el pedido de sobreseimiento.
El cuestionado juez, para fundamentar el pedido de archivamiento, recurrió a documentos inexistentes como señalar que el servidor judicial Carlos Hernández Medina nunca fue sancionado por el delito de corrupción de funcionarios.
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura Ica (ODECMA), que abrió investigación a Hernández Medina y logró que fuera separado del Poder Judicial por seis meses, no demoró mucho para abrir investigación preliminar a Fernández Tapia por no motivar de forma suficiente el sobreseimiento del caso de los Sánchez Paredes.
Junto a la investigación abierta también deberá enfrentar otro proceso por el delito de prevaricato, en el que incurrió Fernández Tapia al sostener que el servidor judicial nunca fue sancionado.
El fiscal adjunto superior Sanz Gallegos ha solicitado a la Sala de Apelaciones que preside el juez superior titular Armando Coaguila Chávez declarar nula la resolución del juez Fernández Tapia, que ordenó sobreseimiento por el robo del exhorto del litigio por una mina de oro.
Sanz Gallegos defendió la posición del Ministerio Público, que tiene la voluntad de esclarecer la denuncia del robo del exhorto.
En los próximos días, la Sala Penal de Apelaciones dictará el fallo. De declarar nulo el sobreseimiento por el robo del exhorto, se iniciaría un nuevo proceso; lo que conllevaría a que se vuelva a reabrir la investigación por la muerte de los guardaespaldas que ya quedó archivada.
