La inseguridad en el país preocupa cada vez más a los ciudadanos. Según la última encuesta global “¿Qué preocupa al mundo?” de Ipsos, el 66% de los peruanos identifica al crimen y la violencia como su principal temor, cifra que hace un año era de 48%.

El incremento (18 puntos porcentuales) triplica al promedio regional (5 puntos). Esta percepción se refuerza con el deterioro de los equipos policiales y las demoras en el sistema de justicia; sumado a que la ciudadanía reclama por la incapacidad del Estado para combatir la delincuencia que azota al país.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del 2025, el 59% de los adultos señaló a la inseguridad como el mayor problema nacional, superando por primera vez en ocho años a la corrupción y al mal funcionamiento de la democracia. La preocupación es más aguda en Lima Metropolitana y en la costa norte, donde tres de cada cuatro ciudadanos la colocan como prioridad.

Las cifras policiales confirman este escenario: entre enero y julio del 2025 se registraron 2.284 denuncias de extorsión por mes, 23% más que en el 2024 y siete veces el promedio 2018-2021.

En homicidios, el promedio mensual llegó a 221 casos, 3,5% más que el año anterior, marcando un nuevo máximo histórico. Cabe destacar que menos del 20% de víctimas de delitos llega a presentar una denuncia.

Según un infome el diario El Comercio, la criminalidad está estrechamente vinculada a la minería ilegal. Pataz (La Libertad), Atico (Arequipa) y Ananea (Puno) concentran las tasas de homicidios más altas, hasta diez veces mayores que el promedio nacional.

Además, casi una de cada cinco denuncias por extorsión (17%) en lo que va del año se registró en La Libertad, pese a que esta región solo representa el 6% de la población.

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la seguridad es profunda. Solo el 22% confía en la Policía Nacional, porcentaje que en Madre de Dios cae al 7%. Entre quienes desconfían, más de la mitad lo hace porque consideran que la policía solicita o recibe coimas.

De hecho, la Contraloría identificó a la institución como la entidad del gobierno central con mayor riesgo de corrupción en 2024. En tanto, solo el 15% de la población confía en el Poder Judicial y el 17% en el Ministerio Público, con cifras aún menores en regiones como Madre de Dios.

Las carencias materiales y burocráticas agravan la situación. El 28% de las camionetas adquiridas por la policía desde 2015 están inoperativas, de las cuales un 12% no podrá volver a usarse. En nueve regiones, más del 20% de estos vehículos está fuera de servicio.

Paralelamente, mientras las denuncias por extorsión crecen, el número de sentenciados por este delito ha caído 20% desde 2019 debido a la lentitud del Ministerio Público y el Poder Judicial.

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