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Después de varios meses de investigación, ayer el Poder Judicial dio la primera sentencia a uno de los 81 involucrados en la red Orellana.

Se trata del exchofer y testaferro de, Manuel Asunción Villacrez Arévalo, para quien se dictó 13 años de cárcel por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica e ideológica.

El caso que lo llevó tras las rejas fue la usurpación de un terreno de 223 hectáreas en el distrito de Lurín, de propiedad del empresario Jorge Pazos Holder, valorizado en 14 millones de dólares.

Durante la audiencia, los jueces del Colegiado A de la Segunda Sala Penal de Lima determinaron que Villacrez Arévalo sí participó en el despojo de la propiedad que, de acuerdo a su testimonio, fue dirigido por la número dos de la red de corrupción, .

Los hunde. Para la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, el exchofer fue uno de los principales cómplices de la mafia Orellana a pesar de que este, en su declaración del 2 de octubre del 2014, dijo que no tuvo que ver y, por el contrario, culpó a los hermanos Orellana.

En ese sentido, continuó, fue Ludith la que “tomó su firma para la compra y venta ficticia del terreno” y también “movió todo para inscribir la propiedad a su nombre”.

En su manifestación a la Fiscalía, el ahora preso también explicó que la red de Orellana lo nombró presidente de Famico S.A., una de las empresas de fachada que era utilizada para blanquear el dinero ilícito. Allí también laboraba su medio hermano, Hernán Villacrez Torres.

“Yo trabajaba ahí con ellos como chofer y, simplemente, me llamaban (a la oficina) para firmar”, declaró en esa oportunidad.

Sin embargo, el robo no quedó ahí pues el imputado reveló que después de haber hecho todo el trámite para quitar el terreno, la empresa Cálidda firmó un contrato de servidumbre con su hermano Hernán para atravesar el predio por 150 mil dólares.

El cheque fue cobrado por Manuel y depositado en la cuenta de otro testaferro, Nadal Rueda Manrique, y en la de una trabajadora del Estudio Orellana.

A esto se suma un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que informa que Villacrez habría utilizado el sistema financiero para ingresar fondos ilícitos por más de 2 millones de dólares.