Las exprocuradoras Katherine Ampuero y Delia Muñoz advirtieron que el fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, archivó la investigación al expresidente Martín Vizcarra por la adquisición de pruebas rápidas para la detección del COVID sin valorar todos los medios o pruebas que corroboran supuestos ilícitos.
Ampuero sostuvo que la decisión del titular del Ministerio Público vulnera el debido proceso. Por ello -agregó- presentó un pedido con nuevos elementos probatorios para que se reabra la pesquisa al ex jefe de Estado.
“Yo cuestiono jurídicamente el archivo de la investigación de las pruebas rápidas por parte del fiscal de la Nación, por ser vulneratoria del debido proceso al no estar debidamente motivada. He pedido el reexamen adjuntando nuevos elementos probatorios”, resaltó.
La misma posición tuvo Delia Muñoz. La también exministra de Justicia explicó que Villena debía agotar todos los medios para recién dar por archivada la indagación a Vizcarra. Agregó que se requería “indagar la parte probatoria y científica” para establecer si estamos ante una clara incurrencia de delitos y de infracción constitucional.
DIVIDIDAS
Recordemos que la decisión de Villena gatilló que la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presente una denuncia constitucional en su contra por varios delitos, entre ellos prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
Al respecto, en diálogo con Correo, Ampuero lamentó que la legisladora aproveche el momento para formular esta clase de denuncias y afirmó que la parlamentaria politiza el archivo de la investigación en cuestión.
En contraste, Muñoz indicó que la denuncia en cuestión debe debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
No obstante, advirtió que si Villena requiere abrir la investigación, la respectiva acusación se caerá.
Recordó que por el mismo motivo se le acusó a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por congelar un caso contra el golpista expresidente Pedro Castillo.
“Es la misma causal por la que fue acusada Ávalos, por no acusar una denuncia. Pero hay una diferencia: El fiscal Villena no agotó todos los medios”, manifestó.
El exprocurador Antonio Maldonado opinó también que la denuncia constitucional carece de fundamentos sólidos y que expresa de manera sesgada distintos acontecimientos relativos al contexto del COVID-19.
Añadió que Chirinos omite señalar que el impacto de la pandemia no se debió exclusivamente al uso de pruebas que no fueron idóneas y que también omite la responsabilidad de todos los gobiernos que permitieron un sistema de salud precario.
“En cuanto al elemento , su denuncia es pobre y sesgada”, insistió.
Maldonado consideró que en la parte penal de la acusación se consigna otra denuncia efectuada por Katherine Ampuero, en la que se consignó ciertos delitos que no corresponden.
“Siguiendo la lógica de la señora Chirinos, los delitos que corresponderían sería colusión agravada y no colusión simple”, manifestó.
“NEFASTO”
Sobre el tema, el legislador Edward Málaga Trillo cuestionó el archivo del caso, pues por causa de la gestión de Vizcarra hubo más de 200 mil muertes por el nuevo coronavirus.
“Es una decisión nefasta, porque está ignorando y trivializando la muerte de 200 mil peruanos, la decisión de la Fiscalía. No es un ataque a la Fiscalía, es un cuestionamiento a la decisión puntual del fiscal de haber archivado este caso. Te lo digo no como parte política involucrada, sino como investigador que se sumó a la lucha contra el COVID-19 en ese momento”, dijo en entrevista a RPP.
EL FONDO
La denuncia constitucional, de 20 páginas, incluye puntos como un informe de la Contraloría General de la República en la que se reveló que el Instituto Nacional de Salud (INS), durante el gobierno de Martín Vizcarra, destinó 105 millones 791 mil 416 soles a la compra de 5 millones 233 mil pruebas rápidas que no permitieron el diagnóstico oportuno del virus SARS-CoV-2 y, mucho menos, la detección de casos en su fase inicial.
Agrega que no hubo un sustento técnico que respalde al Centro Nacional de Salud Pública del INS para que solicite la adquisición de una mayor cantidad de pruebas rápidas, en lugar de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus.
También consigna el informe final de la Comisión de Fiscalización del Parlamento que concluye que Vizcarra ha vulnerado los preceptos constitucionales establecidos en seis artículos de la Carta Magna, al poner en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos al implementar el descarte del COVID-19 mediante pruebas rápidas.
“(Con ello) se evidenció una violación a sus funciones y competencias como funcionario público y a la política nacional de salud”, destaca el documento.
Asimismo, establece que los ministros investigados -Elizabeth Hinostroza, en calidad de titular de Salud, y María Antonieta Alva, como titular de Economía- son solidariamente responsables por la omisión de comprar las pruebas moleculares suficientes para la detección de virus, por lo que se optó por la adquisición de las pruebas rápidas que no cumplían tal objetivo.
“Es necesario señalar que uno de los resultados del gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue la adquisición de un gran lote de pruebas rápidas (serológicas), que en lugar de proteger a la población contribuyeron a la muerte de 200 mil peruanos. Esto posicionó a Perú como el país con el mayor índice de mortalidad por el virus”, destaca la denuncia.
Refiere que por ello se vulneraron los preceptos constitucionales por no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de 33 millones de peruanos que confiaron en las políticas públicas de la gestión de Vizcarra, quien aseveró que las pruebas serológicas eran una alternativa segura, aunque no contaban con un sustento científico o técnico y ya había cuestionamientos contra ellas.
