El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, fue acusado formalmente por la Fiscalía del presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El exalcalde de Chongoyape, provincia de Chiclayo (región Lambayeque), enfrenta un pedido de seis años y ocho meses de cárcel por hechos vinculados a sus dos pasadas gestiones.
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Con este requerimiento, culmina la investigación del Ministerio Público, formalizada en setiembre del año pasado, que arrojó un “incrementó ilícito” del patrimonio de Lozano en casi tres millones de soles.
Será ahora la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (Tercer Despacho) la que lleve adelante dicha acusación ante el Poder Judicial (PJ).
Detalles
Agustín Lozano ejerció como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape durante los periodos consecutivos 2011-2014 y 2015–2018.
Fue precisamente durante sus gestiones, según la Fiscalía, que Lozano abusó de su cargo para incrementar su patrimonio de forma ilegal.
Para encubrir este acto ilícito, sostiene la tesis fiscal, el actual presidente de la FPF utilizó a dos de sus familiares y seis trabajadores como testaferros.
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De acuerdo al informe pericial contable financiero, Lozano cuenta con un desbalance patrimonial no justificado por un monto de S/2 830 752 (dos millones ochocientos treinta mil setecientos cincuenta y dos soles).
La valoración patrimonial de Lozano y el análisis de su movimiento económico permitieron identificar una serie de sospechosas adquisiciones.
Así, el Ministerio Público halló una ferretería, registrada a nombre de un árbitro de fútbol (presunto testaferro); un predio de material de adobe, convertido posteriormente en un hotel; y un terreno de cuarenta hectáreas donde construyó una casa tipo hacienda.
La lista continúa con la compra de dos instituciones educativas en Chiclayo, un vehículo cuyo costo asciende a $ 24 mil, dos estaciones radiales y un equipo de fútbol. A ello se suma la construcción de la vivienda de su padre y la reedificación de la casa de sus suegros.
Más diligencias
El último 20 de octubre, el Ministerio Público se dirigió a la Villa Deportiva Nacional (Videna) para realizar diligencias en torno a otro caso que arrastra Lozano: La presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal. Ello por probables actos extorsivos a clubes de fútbol.
Lozano asumió la presidencia de la FPF en diciembre de 2018. Previamente, dirigía las Ligas Departamentales de Lambayeque. Llegó a su actual cargo luego que su antecesor, Edwin Oviedo, fuese detenido por sus vínculos con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En su última visita a la Videna, el equipo fiscal recogió información sobre los montos dinerarios que asignó la FPF a los clubes de la Liga 1 y 2 de Fútbol Peruano, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú y la empresa Perú 1190 Sports, entre otros.
No fue el único pedido de información. La entidad también solicitó la lista de integrantes de la Asamblea de Bases, el registro de viajes de estas personas e información administrativa relacionada.
Además, procedió a corroborar si la FPF cumplió con entregar al Instituto Peruano del Deporte (IPD) el 10% de los montos por derecho de televisación.
En curso
Finalizada la investigación del caso Chongoyape, el Ministerio Público deberá enviar la acusación al Poder Judicial para seguir con los procedimientos de ley.
Esta última entidad podría tomarse hasta dos o tres semanas, según detalla el penalista Andy Carrión, en notificar el recibimiento a las partes involucradas.
“El acusado (Agustín Lozano) tendrá diez días -una vez recibida la notificación- para absolver la acusación, contradecirla, presentar recursos, pruebas, entre otros, para que pueda enfrentar de la mejor manera posible un eventual juicio”, señala el especialista a Correo.
Luego de dicho plazo reglamentario, el Poder Judicial programará las audiencias de la etapa intermedia (control de acusación) de acuerdo a su agenda.
“Esta fase tiene dos subetapas: una de control formal, donde se evaluará si hay observaciones respecto a la imputación de la Fiscalía o algún elemento que se necesite corregir; y la etapa material, donde ya se cuestiona el fondo de la acusación, por qué concurre o no el delito de enriquecimiento ilícito, las pruebas que existan, etc.”, agregó Carrión.
El especialista reveló también que el juez realizará un filtro probatorio y se pronunciará, finalmente, sobre alguno de los recursos presentados por la defensa legal del imputado.
“El magistrado decidirá si declara el caso archivado, sobreseído o si decide, directamente, pasar a juicio oral. Lo usual es que se inclinen por lo último”, puntualizó.
En cuanto a los plazos, acotó, el juez puede tardar hasta seis meses, en promedio, para decidir si el caso pasa a juicio oral o no.
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Antecedentes
Sobre el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) penden una serie de cuestionamientos.
Además del proceso en curso por presunto enriquecimiento ilícito, que data de agosto del 2013 y el de las presuntas extorsiones a los clubes, la Fiscalía abrió una investigación hacia Agustín Lozano por el presunto delito de lavado de activos, el 27 de agosto del 2020, por la reventa de entradas para el Mundial de Rusia 2018.
Su gestión al interior de la FPF, mientras tanto, tampoco está exenta de críticas. El último 22 de octubre, el programa dominical Panorama evidenció los presuntos despilfarros de Lozano con dinero público.
A través de un informe, se reveló que el funcionario gastó miles de soles de la tarjeta de crédito de la FPF en reconocidos restaurantes como “Central”, cuantiosas compras en supermercados y pagos de servicios de streaming (Netflix y Spotify), entre otros.
El dominical Panorama también expuso la nómina de clubes beneficiados con millonarias sumas de la gestión de Lozano. Estos presuntos aportes irregulares, ya en la mira de la Fiscalía, contemplan un pago por S/2 millones (2021-2022) a “Los Chankas”, equipo de Andahuaylas, liderado por el actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo (Alianza para el Progreso).
